Internos de la Cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, rechazaron las objeciones de tipo presupuestarias presentadas al proyecto de ley N°. 90 que crea y organiza el Sistema Penitenciario Nacional.
En una nota dirigida al legislador arnulfista Jacobo Salas, quien ha manifestado su oposición a la aprobación de la nueva norma por la falta de recursos económicos para ejecutarla, los internos colonenses consideran que en su discurso, el parlamentario deja de manifiesto su desconocimiento del problema penitenciario actual.
Los internos aseguran entender que existen dos elementos esenciales para que el gobierno funcione, siendo éstos los recursos económicos y los fundamentos legales.
Sin embargo, agregan, en el actual Sistema que rige las cárceles panameñas no existen los aludidos recursos económicos pero tampoco los fundamentos legales, por lo tanto, éste no funciona.
En ese sentido, consideran que de atender los argumentos esgrimidos por Salas, de acuerdo con los cuales no puede haber leyes si no hay recursos para ejecutarlos, entonces la Asamblea Legislativa debe cerrarse, puesto que nunca existirán los fondos requeridos para ejecutar nuevas normas.
Contrario a los planteamientos de Salas en torno a que el proyecto de Ley No. 90 que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, es "una burla para los detenidos", éstos consideran que la Ley 87 de 1941 que rige el Sistema Penitenciario Nacional, sí es una burla a los privados de libertad, independientemente de la situación jurídica de cada uno de ellos.
Destacan que la Ley 87 de 1941 es inejecutable, puesto que se ha demostrado que, aún con la existencia de recursos económicos provenientes de donaciones de la Comunidad Europea, el Gobierno español y de Estados Unidos, no ha funcionado.
Por ello, aseguran que la propuesta de nueva ley penitenciaria es excelente, y si su ejecución es difícil, por lo menos no imposible, mientras exista.
