El Estado panameño es el único responsable de administrar los centros penitenciarios en Panamá y no empresas mixtas ni privadas, como lo propuso el presidente de la República, Ricardo Martinelli, durante la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2011).
Este fue el resultado de un análisis presentado por la defensora del Pueblo, Patria Portugal, en el que participó la ministra de Gobierno, Roxana Méndez .
De acuerdo con el régimen jurídico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1.1, es responsabilidad de los Estados la administración de los centros penitenciarios.
Panamá es signataria de acuerdos internacionales, los cuales debe respetar y donde el Estado es el único responsable de garantizar la vida, salud y bienestar de los privados de libertad.
El estudio también concluye que es el Estado panameño el que debe asumir un conjunto de obligaciones particulares y tomar iniciativas para garantizar a las personas privadas de libertad una vida digna y el cumplimiento efectivo de sus derechos, que por ningún motivo deben ser restringidos, ya que no tienen ninguna relación con la privación de la libertad.
Durante su exposición de motivos, la ministra Roxana Méndez aclaró que el proyecto de ley que se está preparando no propone la privatización de la administración de las cárceles.
El objetivo, según Méndez, es lograr el apoyo de toda la sociedad por medio de un patronato nacional destinado al fortalecimiento del Sistema Penitenciario como un ente asesor y fiscalizador para lograr el cumplimiento de la Ley 55.
Méndez detalló en su informe que el análisis de los delitos cometidos por los privados de libertad permitirá llevar adelante un sistema más depurado y cómo tratar a cada grupo de estos individuos.
Por su parte, la directora del Proyecto de Reforma Penitenciaria de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, María Noel Rodríguez, hizo énfasis en que los sistemas públicos se apegan más a los estándares internacionales de derechos humanos porque no concesionan ni privatizan; sino que involucran a las empresas privadas, creando patronatos que contribuyen a apoyar la reinserción y resocialización de las personas privadas de libertad.
Maribel Jaén, directora ejecutiva de la Comisión de Justicia, enfatizó que la propuesta de un Proyecto de Ley que modifica la Ley 55 de 2003, debe hacerse de manera responsable, sin improvisaciones, para hacer respetar las garantías constitucionales.
