La Defensoría del Pueblo y el Relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Bertoni consideraron que las acciones del magistrado es un atentado contra la libertad de expresión, de prensa y el libre ejercicio del periodismo.
El periodista Marcel Chery comentó que la medida en su contra tiene el objetivo de que los periodistas se autocensuren, para así evitar que se publiquen temas sensitivos y se restrinjan a si mismos por temor a una persecución judicial.
En su caso particular reveló el periodista que en su casa hay una presión sicológica, ya que constantemente van funcionarios judiciales para notificar a las partes en el proceso y estos le exigen a sus familiares que son ajenos al problema a que firmen documentos en su ausencia.
El Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada recordó a los funcionarios públicos que por la naturaleza del servicio que prestan y las decisiones que toman, deben acostumbrarse al escrutinio ciudadano y a rendir cuentas de sus actuaciones.
Eduardo Bertoni dijo que se "sigue con preocupación las alternativas del asunto que se ventila en los tribunales panameños y que se relacionan con el periodista Jean Marcel Chery, dado que las decisiones que se han tomado podrían estar en desacuerdo con la Declaración de Principios de Libertad de Expresión aprobada en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos."
Por la salud de la democracia, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, debe retirar la demanda civil contra el periodista Jean Marcel Chéry, declaró ayer la secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magali Castillo.
"Nos nos parece bien que se secuestren los bienes de un periodista por una opinión relacionada con la rendición de cuentas de funcionarios públicos y sobretodo uno del sistema de justicia", manifestó Castillo a Panam América.
A su juicio, Spadafora debe retirar esa demanda civil porque afecta la imagen del país, además "va a limitar la actuación de los periodistas en la lucha contra la corrupción".
Desde aquel 8 de marzo de 2001 (cuando se publicó la información), empezó toda una odisea de procesos en contra de los periodistas, el fotógrafo John Riley y el director de este diario, Octavio Amat, además de los periodistas Aparicio y Chery.
En un término de apenas ocho días fue presentada la querella por calumnia e injuria, admitida, notificada y además, se ordenó la ejecución de una inspección ocular sin notificar al Panamá América. Una rapidez inusual que hizo dudar de la imparcialidad con la que se juzgaría a los denunciados.
Amat fue uno de los que aseguró no confiar en la independencia del tribunal de justicia encargado del proceso contra Chéry y Aparicio, porque el encargado de dictar la sentencia era un subalterno del magistrado Spadafora.
De hecho, Amat se opuso a la ejecución de la diligencia de inspección sin la participación de peritos y fotógrafos independientes, para asegurar su objetividad y el apego a la verdad.
Pero, en agosto de 2003, las disputas judiciales tuvieron su desenlace. Los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio fueron condenados a 12 meses de prisión por el delito de injuria en perjuicio del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora.
El fallo fue dictado el 1 de agosto del 2003 por el juez Décimo Tercero de lo Penal, Secundino Mendieta, quien especificó que la sentencia es conmutable a 60 días multas, a razón de 10 dólares por día.
La sentencia fue apelada por El Panamá América ante el Tribunal Superior de Justicia y otro subalterno del magistrado Spadafora volvió a fallar en contra del diario y los periodistas. Después el magistrado decidió irse por la vía civil y demandar a los periodistas y a la Editora Panamá América por B/.2 millones. Producto de esta acción el Juzgado Duodécimo de Circuito Civil ordenó secuestrar el salario del periodista Chéry hasta por B/.18 mil.
