La Asociación de Moradores de San Felipe reiteró ayer su exigencia al Ministerio de Vivienda de que establezca un mecanismo que "atienda en justicia" el reconocimiento del tiempo vivido en el sector a través de una escala de indemnizaciones satisfactorias.
En un comunicado la Asociación señala que el MIVI debe cumplir la finalidad por la cual fue creado, que no es más que asegurar soluciones de viviendas decorosas para los panameños.
Agrega el escrito que no existe voluntad de parte de las autoridades porque no es correcto que como única solución se pretenda trasladar a los residentes de San Felipe a áreas que no tienen las condiciones apropiadas para el desarrollo y el progreso de la población.
El barrio de San Felipe fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por lo que el gobierno nacional decidió trasladar a los residentes de esa zona con el fin de conservar y mejorar las antiguas infraestructuras.
Los residentes declararon que el gobierno sólo les ha dado un ultimátum con la Ley 9, y afirmaron que este no ha cumplido su función social, ya que no ha brindado una respuesta "coherente y económicamente posible para los desalojados".
Según los quejosos la ley de incentivos favorece a las empresas de bienes raíces y a los dueños de los inmuebles, quienes no reconocen el derecho de los moradores de San Felipe a una justa indemnización, ni la realidad de que muchos de los inmuebles pueden restaurarse debido "al calor humano" que allí habitó.
Añaden que la ley de incentivos tiene vicios de inconstitucionalidad, debido a que el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección General de Arrendamiento es juez y parte, al encargarse de los desalojos a petición de los propietarios.
Dice además la nota firmada por Fabián Hernández, presidente de la Asociación y Enia Vera, secretaria, que la comisión de alto nivel que lleva a cabo los traslados no tiene representación de los residentes de San Felipe.
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