- 4 meses de gestión le restan a la contralora general Gioconda Torres de Bianchini.
Intención del presidente quedó clara al solicitar las renuncias
- Pocos días después de su victoria como presidente de la República, Juan Carlos Varela brindó declaraciones en las que instó a la contralora general de la nación, Gioconda Torres de Bianchini, y al fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, entre otros funcionarios, a que presentaran sus renuncias al cargo. “Fiscal electoral, presidente de la Corte, contralora, una directiva y un gerente de Tocumen que no han defendido los intereses del Estado, mejor sería que entreguen (la renuncia)”, fueron las palabras del mandatario. Paralelo al caso que abrió la Asamblea a la contralora, el fiscal electoral también ha sido objeto de críticas por parte del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, y recientemente por parte de organismos de la sociedad civil que exigen su salida del cargo. Hasta fue denunciado por la directiva del Colegio de Abogados. Peñaloza, cuya gestión concluye en el año 2018, denunció persecución y aseguró que se mantendrá en el cargo.
La resolución que levantó la Asamblea Nacional para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigue a la contralora general Gioconda Torres de Bianchini no lograría los resultados que esperan los diputados que la avalaron.
Según el análisis de abogados, puede ser fallida la pretensión de la Asamblea Nacional de enviar una resolución, junto con las actas de la comparecencia de Bianchini a la Corte Suprema de Justicia para comunicar las supuestas faltas de la contralora.
El abogado Ernesto Cedeño aseguró que la denuncia de los diputados ni siquiera debe admitirse porque “está mal hecha”, ya que habla de posibles delitos y “a nadie se le procesa por supuestos”.
Mientras, el exprocurador Rogelio Cruz sostuvo que esta resolución sería un acto fallido si no se fundamenta de forma correcta.
Para el abogado, las actas no aportan suficientes pruebas para que la CSJ tome una decisión.
“La Asamblea debe hacer una petición debidamente fundamentada y no para investigar, porque la Corte Suprema no investiga a la contralora; la Corte la juzga si hay un proceso penal, que no es el caso”, dijo Cruz.
Institucionalidad
Aunque aún se debate los límites y la potestad de la Asamblea sobre el caso de la contralora, el proceso ha generado dudas sobre el respeto a la institucionalidad y separación de poderes que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, garantizó como uno de los puntos principales de su plan de gobierno.
Durante un foro, Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, reconoció que todavía el Gobierno no ha brindado indicios de cumplir con esta promesa.
“Con la llegada del nuevo gobierno lo que esperábamos era una reconstrucción de la institucionalidad; en estos momentos todavía no lo estamos viendo, pero hay que dar oportunidad a que lo hagan”.
Castillo espera que pronto se vean los signos de reconstruir la institucionalidad. “El primero será cuando se escoja al contralor y otro al procurador de la nación”, aseguró.
Sin embargo, el abogado Gabriel Rosanía consideró que no existe una intromisión de la Asamblea y el Órgano Ejecutivo en la Corte Suprema para presionar una decisión sobre la contralora.
El jurista admitió que este caso es delicado y lo que se espera es que se cumpla con el debido proceso.
La resolución que adoptó la Asamblea Nacional fue avalada por 30 diputados, entre ellos los miembros de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático, Partido Panameñista y la diputada independiente Ana Matilde Gómez.
El proceso ha levantado polémica porque, aparte de las críticas a la contralora, no se ha presentado ninguna denuncia ante instancia legal por su actuación.
Esta situación también se ha dado con los anteriores contralores, quienes a pesar de ser criticados, jamás enfrentaron procesos legales por irregularidades en su desempeño.
