La existencia de una supuesta resolución que califica las partidas discrecionales como de acceso restringido no puede frenar las intenciones de la Fiscalía Electoral de investigar el presunto uso de este dinero en política, aseguró ayer el fiscal, Gerardo Solís.
La ministra de la Presidencia, Mirna Pittí, dijo ayer desconocer la existencia de la resolución, con la que según la Ley de Transparencia, habría que esperar 10 años para conocer el manejo de estas partidas.
Para Solís, independientemente de que las partidas se clasifiquen como discrecional y se mantengan en reserva por 10 años, la Fiscalía Electoral tiene una investigación de carácter penal que está suspendida temporalmente por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Esta suspensión, señaló, no significa que es permanente y todavía mantiene la esperanza de que la Corte entre a revisar el fondo del amparo que puso la ministra y diga que la Fiscalía Electoral sí tiene facultades para investigar un delito electoral.
"Hay una denuncia de posible uso de esas partidas en política, la fiscalía quiere investigar ese hecho, ha iniciado una investigación, y la Corte en virtud de un amparo temporalmente ha suspendido la investigación, pero no ha habido un pronunciamiento final", aseveró.
Al ser consultado si en realidad se tendrán que esperar 10 años para conocer el uso de las partidas, Solís señaló que él quiere investigar un supuesto delito penal electoral y la Ley de Transparencia no puede servir para ocultar información, mucho menos a un agente de instrucción electoral.
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