Las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, Dr. César Pereira Burgos, difundidas por los medios de comunicación social, llamaron mi atención, pues revelan que se pretende responsabilizar a los abogados litigantes de la morosidad judicial. Pienso que el remedio no está en la sábana sino en el paciente que, en este caso, es una administración de justicia que ha colapsado.
Nos preguntamos si se ha evaluado la eficiencia de los jueces y magistrados en cuanto a la demora de sus fallos.
La mayoría de los abogados responsables solicitamos una justicia rápida, expedita y oportuna, por lo que no compartimos que la acción que desempeñamos esté dirigida a demorar los procesos. Queda la interrogante si el Presidente de la Corte ha analizado la posibilidad de sancionar a los jueces quienes, sin justificación, toman demasiado tiempo para dictar sus sentencias, atendiendo no sé qué criterios o razones.
Sé que la Corte Suprema efectuó una auditoría en los tribunales del país con relación a los expedientes que se tramitan. Sería interesante que se revelaran los resultados de la misma, la cual pudiera establecer si son los abogados los únicos responsables del retraso judicial o si, por el contrario, la responsabilidad recae también en los jueces y magistrados.
Estoy convencido que la mora judicial obedece a muchos factores diversos que no hemos podido enfrentar, los cuales han propiciado que en Panamá no haya justicia, pues "justicia tardía, no es justicia".
