La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró legal la resolución emitida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) por la cual se mantienen cautelados B/.7 millones depositados en el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) pertenecientes al exgeneral Manuel Antonio Noriega, paralelamente el Organo Ejecutivo autorizó a la Contraloría realizar una transacción con los liquidadores del banco para restituir al Estado parte de estos bienes.
En su fallo la Sala Tercera señala que la Resolución No. 348-98 de 18 de agosto dictada por la DRP es legal y se debe mantener la cautelación de los B/.7 millones que Noriega había depositado en ese banco y que se presume pertenecían a las extintas Fuerzas de Defensa.
Desde 1990 el Estado inició una serie de acciones judiciales en distintas jurisdicciones con el fin de obtener la restitución al patrimonio estatal de fuertes sumas de dinero sustraídas indebidamente del erario por Manuel Antonio Noriega.
Entre estos procesos pendientes se encuentra el seguido contra el BCCI, en donde originalmente fueron depositados fondos públicos por Noriega y que en la actualidad se ejecuta en Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
En tanto el Ejecutivo autorizó a la Contraloría para negociar con los liquidadores del BCCI un arreglo para que el Estado tenga acceso a los fondos de Noriega, ya que existen dificultades de tipo legal para comprobar la vinculación entre determinadas cuentas bancarias y el fisco nacional.
La autorización se dio ya que existen posibilidades de llegar a un acuerdo negociado que le permita a las autoridades nacionales la recuperación de parte sustancial de las sumas reclamadas, evitando la prolongación de los proceso judiciales, con su secuela de gastos para el presupuesto nacional.
El permiso para efectuar la transacción se realizó a través de la Resolución de Gabinete No. 26 de 26 de abril de 2000. La resolución señala que ya el Procurador General de la Nación dio concepto favorable para realizar la mencionada transacción.
La autorización del Ministerio Público está contenida en la nota PGN-SP-017-00 del pasado 25 de abril y luego de ello el contralor general de la República, Alvin Weeden, deberá rendir un informe sobre las transacciones a ejecutar.
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