En los próximos días la Asamblea Legislativa y la empresa mixta Cable & Wireless tendrá que decidir sobre el pago de las "franquicias" telefónicas que por ley tienen derecho los legisladores.
Según el artículo 227 de la ley 49 del 4 de diciembre de 1984, los legisladores tienen entre otras prerrogativas una "franquicia telefónica" (servicio telefónico gratuito).
Víctor Méndez Fábrega, legislador del Movimiento Papa Egoró, adelantó que en la ley que se creó la empresa INTEL S.A. que se transformó posteriormente en Cable & Wireless, no se estableció quién o qué institución pagaría los teléfonos de los legisladores, una vez se privatizara este servicio público.
Méndez Fábrega, explicó que él en lo personal a pesar de que lleva tres años como legislador, nunca ha hecho uso de esta prerrogativa, pero en su mayoría sus demás colegas lo hacen, ya que así lo establece el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa que es una ley de la República.
Sin embargo, indicó que hasta el momento no se ha determinado si las nuevas cuentas telefónicas de los legisladores serán pagadas por la Asamblea o por el gobierno.
Consideró que se podría elaborar un nuevo artículo que se adjuntaría a la mencionada ley y en el cual se establecería la institución o la forma en que se pagarían.
El pasado 5 de enero el presidente de la Asamblea , Gerardo González, hizo circular un memorándum en el cual se informó a los funcionarios que estaban "prohibidas" las llamadas personales y se limitan las de trabajo.
Incluso en el centro de prensa de la Asamblea Legislativa se han disminuido a una las líneas telefónicas y se ha limitado el uso a los profesionales de la comunicación social.
