La dirigencia transportista se reuniría para tratar el tema del aumento del pasaje público. El presidente de la Asamblea Legislativa, Jerry Wilson, entregó al defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, el listado de los contratos por servicios profesionales otorgados durante el período comprendido del 1 de septiembre de 2003 al 1 de octubre de 2004, que suman B/. 10 millones 307 mil 671.
La Cámara Nacional del Transporte (CANATRA), decide no aumentar el pasaje a 40 centésimos. Ricardo Barranco, vicepresidente ejecutivo de UNION FENOSA, aseguró que debido al incremento del combustible se prevé que la próxima revisión tarifaria en enero revele un nuevo ajuste ascendente en la tarifa eléctrica, todo dependerá de lo que se logre en la licitación del lunes.
Una denuncia por el presunto delito de peculado en perjuicio del Canal 11, por un monto de B/.250,000; desaparecieron 11 cámaras de televisión, valoradas en B/.40,000 cada una y de otros materiales de producción televisiva.
La Contraloría de la República ordenará la cautelación de bienes a los directivos de las fundaciones que manejaron cerca de 70 millones de dólares donados a Panamá por el gobierno de Taiwán. El Colegio Nacional de Farmacéuticos pidió al Ejecutivo tomar las alternativas a través de la Ley 1 de medicamentos para regularizar el tope de precios en los medicamentos. Martín Torrijos conversó con más de 3,500 productores reunidos en el Instituto Nacional de Agricultura (INA), sobre los supuestos beneficios del TLC.
El 7 de octubre fue denunciada penalmente Bertilda García, la ex directora de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Bertilda García, por presunto peculado en el manejo de B/.30,000.
La querella fue presentada por el actual subadministrador de la AMP, Carlos Raúl Moreno, quien afirma que las irregularidades se ubicaron en el manejo del viático contingente asignado a la ex funcionaria por su nombramiento como Representante Permanente de Panamá ante la Organización Marítima Internacional (OMI).
Moreno alegó que García depositó fondos por B/.30,000 en su cuenta personal del Riggs Bank de Londres, a pesar que nunca ejerció el cargo de representante ante la OMI. Precisó que para desempeñar este cargo, la ex funcionaria debía estar físicamente en la Oficina Permanente de la Misión de Panamá ante la OMI, en Londres, pero que esto no se cumplió, a pesar de existir un nombramiento en ese sentido. García no podía ocupar simultáneamente ambos cargos al mismo tiempo.
García, por su parte, se ha mostrado sorprendida por la presentación de la denuncia, sin que se haya agotado la vía administrativa. Aseguró que como representante de Panamá ante la OMI tenía derecho al cobro de los viáticos y que de comprobarse la ilegalidad del trámite, está dispuesta a devolver los fondos. Señaló que presentó un recurso de reconsideración ante la decisión de la Contraloría y que esto aún no se ha resuelto.
"Entiendo que existe una sed de justicia, pero tiene que hacerse dentro de los parámetros y las leyes, y sin provocar persecuciones donde no se pueda comprobar que existió delito. En la medida que se vayan detectando anomalías se irán presentado, pero vamos a apegarnos a lo que establecen las leyes y los procedimientos, y en base a eso, actuaremos, yo no hago auditorías, no soy el contralor".
Martín Torrijos.
Nos mantendremos en alerta y decidimos no aumentar el pasaje, porque nos ajustamos a la ley. El Gobierno debe cumplir con su promesa de campaña, de resolver de manera integral el problema del transporte público. Está también la anunciada nueva política de hidrocarburos, con lo cual estamos de acuerdo y la necesidad de crear fuentes alternas de energía como la hidráulica, solar y con biomasa es urgente, pero dependerá de las políticas, incentivos y facilidades a la inversión privada que el gobierno ofrezca".
"Si está dentro de las normas que respete las regulaciones existentes, vamos a revisarlo. Hay una serie de medidas que vamos a estar estudiando, que no están hechas ni se pueden, de la noche a la mañana, tomarlas. Hay mecanismos para que se dé un aumento del pasaje, al igual que para que las personas entren a prestar el servicio. Los transportistas deben comprender que que nada ni nadie está por encima de la ley, ni el propio presidente".
