El Gobierno retiró ayer los dos últimos escoltas que brindaban protección a la procuradora suspendida, Ana Matilde Gómez, situación que esta calificó como una represalia por las declaraciones brindadas a medios de comunicación.
Gómez se presentó ante la Defensoría del Pueblo para denunciar este hecho que, a su juicio, pone en peligro su vida y que demuestra que no puede expresarse libremente.
La Procuradora separada solicitó al defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, que intervenga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que se le mantenga el servicio de protección para ella y su familia.
“No es la primera vez que ocurre esto”, dijo Gómez, quien agregó que “ya pasó cuando le quitaron los escoltas a mi familia”.
Sobre la nueva decisión de dejarla sin seguridad personal se enteró ayer, luego de que fue notificada por el subteniente que la protegía.
“Él me dijo que era una orden del capitán de la Policía, Barrera, quien es el jefe de escoltas del procurador suplente, Giuseppe Bonissi.
