Retoman acciones para eliminar penas sustitutivas a los agresores sexuales

La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, informó que retomará la elaboración de una propuesta legislativa que busque eliminar los subrogados penales en casos de violencia sexual.

La iniciativa también propone que la primera denuncia sea considerada como prueba idónea para imputar y sancionar al agresor sin que se revictimice a la víctima.

"Esos son los puntos jurídicos que solicitamos a la Asamblea y que vamos a retomarlos este año", expresó la ministra.

Con la eliminación de los subrogados penales, los condenados por violación no serían favorecidos con medidas sustitutivas de prisión.

"Es difícil resocializar a una persona que tiene esta conducta", señaló Palacio.

En referencia a la prueba idónea, el propósito de que la denuncia sirva como tal, es para no llevar a la víctima a un estrado para pasar por la misma situación de tener que contar lo que le ocurrió.

Palacio afirmó que van a realizar el contacto con la Comisión de Gobierno de la Asamblea, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, "porque el tema hay que discutirlo como sociedad panameña y tenemos todos que sumarnos".

Según estadística del Ministerio Público, hasta el mes de noviembre, había un aumento de 11% en denuncias presentadas por violación sexual,

En 2023, se interpusieron 2,228 denuncias, mientras que en 2024 se colocaron 2,469.

Bocas del Toro es la provincia en la que se presentó más denuncias, con 398, seguida de Panamá Oeste, con 390, y Chiriquí, con 383.

Por otra parte, se han colocado 248 denuncias por violación doblemente agravada, de las que 89 han sido en Panamá, 50 en Chiriquí y 25 en la comarca Ngäbe Buglé.

En la Asamblea Nacional reposa el proyecto de Ley No.45, presentado por la diputada Yarelis Rodríguez, que establece políticas de prevención y protección contra la violencia sexual digital y mediática, que incorpora disposiciones al Código Penal.

También, se encuentra el proyecto de Ley No.49, presentado por la diputada Paulette Thomas, que incrementa las penas por femicidio a 35 años de prisión y las de violación sexual a 25 años.

Otra diputada que presentó un proyecto en esta materia fue Janine Prado.

El proyecto No.109 establece la protección de la integridad e indemnidad sexual de los menores de edad.

Prohíbe la aplicación de trabajo comunitario y otras penas sustitutivas a personas que hayan sido condenadas por delitos contra la indemnidad e integridad sexual de menores de edad y personas con discapacidad.

Todos los proyectos mencionados están pendientes de su discusión en primer debate.