Los servicios de medicina general que se ofrecían al aire libre y en carpas en la Policlínica J.J. Vallarino de Juan Díaz, fueron eliminados desde el pasado viernes y se brindarán en cómodos consultorios ubicados en el centro Comercial El Cruce, informó el director de la Caja de Seguro Social, Juan Jované.
Jované espera que en junio la policlínica esté totalmente vacía para iniciar los trabajos de remodelación, que tendrán un costo aproximado de medio millón de balboas.
Sobre las reestructuraciones, Jované explicó que a la policlínica hay que realizarle un gran trabajo para devolverle su tamaño normal y rescatarle su capacidad de respiración, lo que conlleva eliminarle todo el techo y reemplazarlo por estructuras nuevas.
Según Jované, el alquiler fue posible gracias a los costos razonables de los locales donde atenderán los consultorios de Medicina General y Odontología, y posteriormente se trasladarán Laboratorio, Nutrición y Fisioterapia, mientras que el Cuarto de Urgencia se ubicará en Plaza Tocumen.
En los últimos meses, la estructura de la policlínica J.J. Vallarino presentó problemas de contaminación, que obligaron a las autoridades a cerrar su parte superior. Según los expertos, estos inconvenientes se debieron a la serie de adiciones y remodelaciones, que a través de los años, le quitaron la ventilación.
Sin duda uno de los oficios de mayor riesgo para la salud son los recolectores de la basura. Según declara Pedro Rodríguez luego de 14 años de trabajar en la Dirección Metropolitana de Aseo, (actual Dirección Metropolitana de Aseo Urbana y Domiciliaria) su salario asciende a B/ 325.00. Sin guantes, con una gorra similar a una de base ball, (en vez de un casco de seguridad) los trabajadores no reciben- al final de la jornada - el baño de limpieza correspondiente, de forma tal que no contaminen a sus familiares y a quienes viajan en los buses al lado de estos empleados. Los recolectores manipulan todos los desperdicios con alto poder de contaminación y afección directa a su sistema respiratorio y digestivo. "Esta ropa es demasiado caliente, declara Rodríguez y cuando se moja es muy pesada". Agrega que no tienen hora de salida, sólo de entrada. Tenemos que trabajar rápido, para trasladar todo a Cerro Patacón, advierte Rodríguez.
Según indica Gabriel Castillo, Secretario General de la Consejo Nacional de Unidad Sindical (CONUSI), paulatinamente desde que se viene aplicando el modelo del Neoliberalismo en Panamá se ha perdido la práctica de entregar a los trabajadores sus instrumentos de protección; la seguridad ha dejado de ser importante para el sector empresarial y han dejado de invertir en mejorar las condiciones laborales. Castillo relató que al negociar las Convenciones Colectivas, los dirigentes del SUNTRACS, revelaron que los empresarios tienen una nueva fórmula para evadir responsabilidades laborales. Se trata de los intermediarios que no asumen ninguna responsabilidad; por ejemplo para construir una casa se otorga un contrato a un intermediario quien a su vez contrata a un grupo de trabajadores sin cubrir los riesgos profesionales, no ofrecen los instrumentos mínimos de protección y en muchos casos no pagan las cuotas de seguridad social; se trata de un esquema ilegal que opera ante un Ministerio de Trabajo que no cuenta con los inspectores suficientes para controlar a las empresas que cumplan con lo establecido en el Código de Trabajo.
La lista de los empleos peligrosos pude extenderse; cada profesión tiene sus riesgos, algunos evitables, otros son consecuencia de la falta de medidas de seguridad por parte de los empleadores; como nota curiosa se observó que algunos sindicatos no cuentan con estadísticas precisas sobre defunciones, o accidentes por falta de medidas de seguridad: A la lista de profesiones peligrosas en Panamá bien podría agregarse a los trabajadores de las lavanderías quienes tienen jornadas extenuantes y laboran en condiciones de alta temperatura; pesadas planchas de acero y uso intensivo de productos químicos convierten a estos trabajadores en presa fácil de una quemada o una fractura o pérdida de alguno de sus órganos.
Se impone, a juicio de los entrevistados, una intensificación de los sistemas de supervisión empleados tanto por la Caja de Seguro Social, como por el Ministerio de Trabajo y las propias organizaciones sindicales.
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