El Consejo de Gabinete dejó sin efecto las resoluciones que incorporaban las instituciones públicas a la Carrera Administrativa para hacer una revisión total de las acreditaciones efectuadas hasta la fecha y reestructurar el sistema de acreditación.
La resolución del Consejo de Gabinete tiene el objetivo de adecuar las acreditaciones al sentido y espíritu de la Ley 9 de 1994, que establece y regula la Carrera Administrativa.
En las instituciones públicas se detectaron acreditaciones que no se ajustaban a la ley, lo que desvirtuó el espíritu y sentido de las normas indispensables para estructurar una Administración Pública formada por funcionarios idóneos.
Según la resolución, desde la aplicación de La Ley Nª 9 del 20 de junio de 1994 hasta el 31 de agosto, se acreditaron 10,410 servidores públicos con base al Procedimiento Especial de Acreditación, que permite a los funcionarios en servicio incorporarse en forma sumaria y no por méritos y calificaciones como se establece en el Proceso Ordinario de Acreditación.
El Director General de la Carrera Administrativa podrá revisar y estructurar las acreditaciones hechas al 31 de agosto de 1999 y desacreditar aquellas fuera de la ley.
Quedaron sin efecto las resoluciones de gabinete 229 y 230 de 10 de octubre de 1997; 74,75 y 76 del 7 de mayo de 1998; 128, 129 y 130 de 17 de septiembre de 1998; 12 y 13 del 15 de enero de 1999.
También se incluyen las resoluciones 66 y 67 de 14 de julio de 1999; 84, 85, 86, 87 y 88 de 13 de agosto de 1999; 109 y 110 de 26 de agosto de 1999.
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