El Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó la fianza expedida por el Juzgado Quinto Penal a favor del empresario Alberto De La Guardia, señalado como presunto cabecilla de una red dedicada a la clonación de tarjetas de crédito.
Según una fuente de la Corte Suprema de Justicia, la decisión del Tribunal fue tomada luego que la fiscal Esther Uribe apelara la fianza otorgada por el Juzgado Quinto a De La Guardia por 5 mil balboas.
La fiscal agregó pruebas al expediente donde supuestamente se vincula al empresario a esta red bajo investigación, como resultado de un operativo donde aparentemente se intentó asesinar a la funcionaria y a un testigo, hecho atribuido a miembros de esta organización.
Por su parte, el representante legal de De La Guardia, el abogado Gonzalo Moncada, cuestionó el concepto del Segundo Tribunal de Justicia que preside el magistrado Joaquín Ortega, al considerar que no existe fundamento legal.
Según Moncada, la decisión fue adoptada porque los magistrados consideraron que su defendido representaba un peligro para el comercio panameño, algo que a su criterio viola los derechos de su cliente.
Adelantó que el próximo lunes 28 a las dos de la tarde interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría de la Nación contra la fiscal Esther Uribe, donde presentará pruebas de una serie de irregularidades que afectaron a varias personas.
Aseguró que ese día se conocerá la verdad. "Se ha hecho a De La Guardia una figura como un mafioso o capo", expresó Moncada.
Acusó a la fiscal de estar jugando con la información y que funcionarios de la Fiscalía Auxiliar dejaron a los hijos del acusado encerrados dentro de su residencia por dos días sin permitirles abandonarla, porque ésta era custodiada por dos agentes de la Policía Nacional.
Igualmente, durante la semana se espera que los familiares de varios de los sindicados en el expediente, instruido por el Ministerio Público, presenten varios recursos legales igualmente contra la fiscal que preside las investigaciones.
También se informó que la fiscalía logró ubicar un local en la vía Ricardo J. Alfaro, en las inmediaciones del antiguo almacén El Depósito, en donde se elaboraban las tarjetas de crédito que luego eran llevadas a los comercios.
Se informó que una vez clonadas las tarjetas los delincuentes se dirigían a varios comercios de la Zona Libre de Colón, en donde simulaban realizar una serie de compras y una vez obtenido el dinero de las transacciones, era dividido con los comerciantes.
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