Reyna aclara que no autorizó cancelación de pago a empresa

El exdirector de la Autoridad Marítima de Panamá, Rubén Reyna, desmintió ayer informaciones publicadas en un diario de la localidad, donde se indica que la Corte Suprema de Justicia consideró dejar sin efecto la indemnización contra la empresa Marítima Gran Colombiana, ya que había sido ordenada por él cuando fungió como administrador de la AMP.
Reyna, a través de un comunicado aclaró a Herbert Young Rodríguez, de la Dirección Nacional contra la Corrupción, presunta fuente de la noticia, que la autorización de las indemnizaciones a los concesionarios "correspondió al pleno de la Junta Directiva de la AMP y no fue de ninguna manera potestad del administrador".
La nota agrega que tampoco estuvo presente en la reunión de la Junta Directiva en la cual se aprobaron las indemnizaciones y que por ley, como administrador de la Autoridad Marítima de Panamá no tenía derecho a voto en la junta.
El documento destaca que la presentación de los casos y la recomendación de los montos a pagar a cada compañía, correspondió a la subcomisión que la junta directiva de la AMP nombró para ese trabajo y que estaba integrada por Fotis Limperópulos, Pamela de García e Iván González, quienes formaban parte de la junta.
"El presidente de la Junta Directiva de la AMP era el ministro de Comercio de Industrias, por lo cual el viceministro era su suplente en las reuniones", aclara la misiva dirigida también a los medios de comunicación.
Agrega que Iván González era el viceministro del ramo y posteriormente, tras la renuncia del titular, Raúl Hernández, González se convirtió en presidente de la Junta Directiva de la AMP, por lo que es inaudito que alguien afirme que éste no era miembro de la junta de esa institución.
"Le recomiendo que lea con cuidado todas las actas y documentos pertinentes, de los cuales hay varias copias, y que indican claramente cómo se procedió a fijar los montos de las indemnizaciones y quiénes participaron en ello".
Destacó que como administrador le correspondió cumplir con el mandato de la Junta Directiva y por ende, remitirlo al Consejo Económico Nacional (CENA) el cual lo aprobó. Posteriormente enviarlo a la Contraloría, la cual lo refrendó y por último notificar a la Panama Ports Company (PPC) de la resolución de la junta, en cumplimiento con el contrato ley entre PPC y el Estado.