DE DICIEMBRE del año pasado a la fecha, el Ministerio de Comercio e Industrias ha logrado cobrar nueve de 13 multas impuestas desde diciembre a la fecha por extracción ilegal de recursos mineros.
Las sanciones suman un total de B/. 64 mil, según dio a conocer al Panamá América, Aníbal Vallarino, subdirector de recursos minerales de la institución.
Y es que la minería sigue en el ojo de quienes ignoran las leyes, puesto que es ésta una de las actividades más importantes en materia económica, así como la extracción, producción y comercialización de recursos minerales no metálicos o industriales.
Ocurre que precisamente estos minerales son la materia prima de construcciones que han dado cabida al crecimiento y modernización de las grandes urbes.
Pero, como es de esperarse, la explotación indiscriminada de piedras y arenas en Panamá está acabando poco a poco con este preciado recurso. En las playas y ríos del país ya se observan los irreversibles daños.
Ariel Rodríguez, biólogo y ambientalista, considera que la extracción de piedra y arena de los ríos y las playas de Panamá disminuye la cantidad y la calidad de las aguas, ya que el cauce es removido.
Lo anterior, según Rodríguez, produce más evapotranspiración y las aguas se dispersan, trayendo inundaciones como el caso del río Pacora.
Otra de las afecciones que se presentan es el aumento de sedimentación o partículas en el agua que afecta todo el ecosistema. Se perjudica sobre todo la vida de los animales marinos que se encuentran en el lugar que se realiza la extracción.
"Se cambia su dinámica ecológica y muchas veces mueren", explicó Rodríguez.
Con las extracciones de minerales industriales de los ríos también se puede alterar la salinidad del agua, la acidez y el pH, entre otros aspectos.
La ley penal ambiental de Panamá considera como un delito la extracción desmesurada de materiales de las playas y los ríos sin las debidas concesiones, sin embargo muchas veces cuando la fiscalía inicia las investigaciones las personas no se atreven a corroborar el delito.
Aníbal Vallarino, del MICI confirmó el aumento de la extracción ilegal de recursos, al tiempo que señaló que se requiere la participación ciudadana para impedir estas acciones.
En ese sentido, Vallarino dijo que en el área de Azuero, se ha reducido en un 90% la extracción ilegal, pero hay serios problemas en el río Chagres de la provincia de Colón, María Chiquita, Piña, en la Costa Arriba, donde la distancia dificulta la vigilancia.
En el área de Volcán también se han presentado casos de extracción de arena ilegal y el MICI está actualmente imponiendo las sanciones.
Una concesión para extracción de piedras y arena de ríos y playas se otorga por 10 años prorrogables, conforme a la ley existente. Si la empresa quiere continuar con los trabajos, requiere una auditoría ambiental para determinar el manejo que se le dio a los recursos.
Los ríos Mamoní en Chepo, el Chagres en Colón, La Villa en Los Santos, Pacora y el Santa María son sitios declarados de reserva ambiental. Sólo se puede extraer materiales de estas áreas por parte de empresas que tienen permisos previos a la declaración.
Ríos y playas de Panamá sufren
El MICI sólo tiene tres inspectores para detectar estas acciones al margen de la ley. Personal de la Autoridad Marítima y la Policía Nacional apoyan a la institución en las labores de vigilancia.