El legislador Carlos Afú denunció que fue objeto de un robo de documentos de su vehículo ejecutado la noche del miércoles y advirtió que ha recibido constantes amenazas telefónicas contra su integridad física y la de su familia.
El robo se produjo en su residencia, ubicada en la urbanización Villa de Las Fuentes #2, tras el retorno de su hijo de la provincia de Los Santos. Según Afú, los delincuentes rompieron una de las ventanillas traseras del auto con placa de legislador #2.
Explicó que del vehículo sólo fue hurtado un maletín con documentos, pero otros objetos de valor fueron respetados por los delincuentes que se dieron a la fuga. Además, denunció que está siendo objeto de una persecución por parte de desconocidos.
Agregó que ha recibido varias llamadas telefónicas en donde se hacen amenazas contra su integridad física, la de su esposa e hijo. Estimó que éstas pueden proceder de personas que están molestas con las denuncias hechas por su persona el pasado 9 de enero y que motivaron una investigación del Ministerio Público.
Sostuvo que no se amedrentará y continuará hasta el final para que los responsables del pago y cobro de sobornos para la aprobación del CEMIS reciban la sanción penal correspondiente.
Unidades de la Policía Técnica Judicial (PTJ) tomaron una serie de huellas dactilares del vehículo que pueden conducir a la identificación de los responsables del ilícito.
Amenazas, denuncias por robo y hasta acusaciones por actos libidinosos entre los representantes de la familia Nicolás y miembros de la iglesia que la abandonaron y que trabajan en el colegio, no se hicieron esperar.
Mientras los detractores de los Nicolás señalan que se quieren apoderar de todo, ellos (los Nicolás) se defienden y señalan que son una familia de siervos de Dios, amparados en lo que dice la Biblia "Tú y tu casa serán salvos".
Es precisamente esa polémica que mantiene en vilo a la academia, esperando la decisión de que la CSS la termine de liquidar o que el juzgado dieciséis del ramo civil se pronuncie al respecto.
Pero ¿cómo es que en tanto tiempo no se le pagó las prestaciones laborales ni las cuotas obrero patronales a los empleados de la academia?.
Iris Díaz de Nicolás, abogada y nuera de Aurelio Nicolás, explicó que la junta directiva no sabía de los manejos financieros porque delegó esas funciones a otros miembros de la iglesia.
La abogada mostró un documento fechado el 7 de septiembre del 2000, del Centro de Recepción de Denuncias de la PTJ de San Miguelito, en donde el Sr. Aurelio Nicolás acusaba a la administradora económica, Soledad Robinson (su hijastra), de apropiación indebida de fondos, igualmente señalaba como sus cómplices a los co pastores de la iglesia Guillermo Jemmott y Edgar Moulton.
A partir del año 2001 empezaron las denuncias y las negaciones de parte y parte a hacer uso de las instalaciones que comparten en común la Academia Bilingüe Nueva Esperanza y la Iglesia Pentecostés Bethel.
Hoy a los administrativos, profesores y estudiantes no se les permite utilizar la servidumbre de la iglesia como paso hacia el plantel, colocándoles guardias de seguridad de una empresa privada.
Según la apoderada de la familia Nicolás, los guardias fueron colocados porque la iglesia había sufrido tres robos y daños a la propiedad en los últimos dos años. Según dijo, los ladrones entraron por el techo de la academia. Cabe señalar que de parte y parte ya se han dado más de 16 actos de denuncias y demandas.
El Panamá América pudo comprobar al momento de redactar esta información, que en la Academia Nueva Esperanza se continúa promoviendo la matrícula de primaria, a un costo de B/. 133.00 y una mensualidad de B/. 60.00.