El funcionamiento de la Sala Quinta de Garantías Constitucionales tiene un costo mensual de B/.50 mil y cada magistrado devengará un salario de B/.10,000, más B/.1,000 en gastos de representación.
De acuerdo con cifras estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, anualmente la Sala Quinta tendrá un costo de B/.575,400 y sus funcionarios devengarán salarios que van desde B/.325, que serán pagados al encargado de la limpieza, hasta B/.3,000.
También se informó que se ordenó el traslado del Juzgado Cuarto Penal hacia el Tribunal Marítimo para hacer un lugar a las dependencias de la Sala Quinta. Se informó que la citada sala admitió el primer amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Raúl Ossa.
Hasta ayer la Sala había recibido unos ocho recursos, pero deberán ser llevados a esa instancia todos aquellos que se encontraban en reparto por parte de la Secretaría General de la Corte y que deberán ser firmados por los nuevos magistrados.
Por otro lado, una fuente de esa corporación de justicia reveló que existe cierta confusión en cuanto al procedimiento para recibir y revisar los recursos de habeas corpus y de amparo de garantías constitucionales.
La fuente también aseguró que la Sala Quinta tiene ciertos visos de inconstitucionalidad, ya que la Ley 32 en su artículo 101 viola la Constitución Nacional, al señalar que los fallos de esa instancia serán definitivos e inapelables y que esa atribución sólo la tienen los fallos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
