El secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila, negó ayer que los salarios del sector público sean superiores a los de la empresa privada, al tiempo que expresó su temor de que la presidenta vete la ley que establece un tope de 800 balboas en el pago del Décimo Tercer Mes.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los salarios en el sector público son 42.6% superiores a los del sector privado, basado en un análisis sobre la evolución del salario promedio mensual durante la última década.
Según Avila, el funcionario normal de más de 15, 20 y hasta 25 años de servicios, gana salarios muy bajos. Esa solvencia económica, aseguró, se puede estar dando en el área de los funcionarios de alto nivel, que obviamente tienen salarios excelentes.
Sin embargo, el funcionario en Panamá por lo general tiene alrededor de 15 ó 20 años de no recibir un ajuste general de salarios y quienes han tenido la oportunidad de un incremento son los afines a los gobiernos de turno.
"Esos son los funcionarios privilegiados y según la clase política, son los que le han conseguido los votos a los actuales y anteriores mandatarios", señaló.
Explicó que también hay alrededor de 5 instituciones como la Universidad de Panamá, la Caja de Seguro Social (CSS), la Contraloría y gremios como los médicos y los docentes, que sí han luchado y presionado para recibir un incremento de salario.
"Este estudio de la OIT cuando uno lo mira fríamente, como lo son las estadísticas, diríamos que los mejores salarios están en el sector público, pero cuando uno se va a la realidad, quienes tienen los mejores salarios son los funcionarios de alto nivel", destacó.
Explicó que actualmente más de 80 mil trabajadores ganan salarios que están entre los 450 balboas hacia abajo, mientras que cerca de 35 mil personas en el sector público ganan menos de 253 balboas, que es el salario mínimo en la empresa privada.
Avila se refirió también a la recién aprobada ley que establece el establecimiento de un tope en el Décimo Tercer Mes en el sector público de 400 a 800 balboas, que aún no ha sido sancionada por la presidenta.
"Nuestro temor es que esta ley pueda ser vetada por la presidenta, negándole la posibilidad a más de 100 mil trabajadores públicos de tener mejores condiciones económicas", precisó.
