Carlos Ernesto González de la Lastra, autollamado asesor marítimo, es la principal voz en contra del proyecto de Ley 613, que busca establecer medidas a favor de la industria nacional de cabotaje en aguas territoriales panameñas.
El diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Yassir Purcait, proponente del proyecto, sostiene que se trata de una medida de reciprocidad contra aquellas naciones que restringen la misma actividad para los extranjeros.
Además, explicó que la ley también ayuda a terminar con las prácticas desleales que aplican dos empresas extranjeras que ejercen el cabotaje en Panamá en contra de las empresas nacionales, como la fijación de precios al margen de los costos como medida para reducir la competencia.
Purcait también denunció el lunes pasado que González de la Lastra tendría intereses en contra del proyecto de ley, porque representa y trabaja para una de las dos empresas que está aplicando prácticas desleales en el negocio del cabotaje en Panamá, Cepsa, empresa que también es socia del español Grupo Boluda.
Panamá América confirmó que De la Lastra registra como el vicepresidente y suscriptor de la empresa Cepsa, de capital español.
González de la Lastra ha adoptado una posición en contra del proyecto de ley, porque considera que se propiciará un monopolio y se afectará la seguridad jurídica. Sin embargo, Purcait solicitó a quienes se opongan a la iniciativa, que lo hagan con conceptos e ideas concretas y sustentadas.
También José Digerónimo, gerente de la otra empresa de cabotaje (holandesa), VT Shipping International Inc., se opone al proyecto de ley, y ha utilizado su posición como presidente de turno de la Cámara Marítima de Panamá para ir en contra del proyecto de ley.
El mismo, que se discutirá en sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional de Diputados, establece que para solicitar el registro de una nave de servicio interior, cuyo propietario sea una sociedad anónima, esta deberá acreditar que el porcentaje de los tenedores de las acciones pertenecientes a panameños no es menor o inferior al 75% del total de las acciones emitidas y en circulación.
También establece que la Autoridad Marítima de Panamá autorizará la expedición de las licencias de operación a toda persona natural o jurídica que desee prestar servicios marítimos a la nave, a la carga o a los pasajeros, con sujeción a los términos, las condiciones y los procedimientos previstos en la ley y en las reglamentaciones aplicables.
De la Lastra trató de explicar ayer sus intereses en contra del proyecto 613, menospreciando a las empresas panameñas. Afirmó que Panamá no tiene servicio de cabotaje, “pues existen solo cuatro barcos pequeños y viejos que viajan hacia Darién”, que en realidad lo que hay es un servicio a naves internacionales en el área canalera, y esto es lo que quieren prohibir.
“Hay empresas nacionales que se beneficiarían con esta norma y ofrecen un mal servicio”, reiteró. Agregó que no defiende los intereses de Cepsa, porque esta es una empresa petrolera.
