La Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud investiga el lote de venoclisis contaminada que fue sacado de circulación de la Caja de Seguro Social (CSS), la semana pasada por autoridades de esta dependencia, reveló ayer el director de esta institución, Ralph Anderson.
De acuerdo con el funcionario, la contaminación se puede dar en el depósito o trasiego del producto y por ello se debe realizar una investigación para conocer los detalles específicos.
Precisó que investigan otros hospitales públicos y privados del país para determinar cualquier alteración del producto, porque los lotes también son adquiridos por ellos.
Indicó que la contaminación de un lote no significa que el producto no sirve sino únicamente este bloque, el cual es retirado del mercado y destruido. Detalló que el Ministerio de Salud tiene un Departamento de Control de Farmacovigilancia para que ante cualquier problema que aparezca con un medicamento sea reportado e investigado.
Por órdenes de la Dirección Médica de la CSS la semana pasada se retiró un lote completo de venoclisis de dextrona, disuelta en agua al 5%, el cual fue fabricado por Laboratorio Finlay, con sede en Honduras.
La venoclisis correspondía a 500 mililitros, elaborado en marzo del 2002 y tenía como fecha de expiración marzo del 2006. Una de las enfermeras de la CSS detectó los residuos de sustancias al fondo de la venoclisis, lo que despertó la voz de alerta y produjo que fueran sacadas de circulación.
Por otra parte, Anderson aclaró que en Panamá no existe permiso sanitario para el producto inmu-bobiol o bio-bac, por lo tanto no puede ser comercializado en el país.
Apuntó que tampoco cuenta con permiso provisional y aclaró que los productos antiretrovirales solamente son utilizados por especialistas y su venta se realiza bajo prescripción médica.
Señaló que los productos destinados para el tratamiento de cáncer o del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) tienen muchos efectos secundarios y únicamente deben ser suministrados bajo estricto control médico. "Generalmente se trata de productos de uso intrahospitalarios y no se pueden comprar alegremente en farmacias", sustentó.
Informes internacionales señalan que la Guardia Civil española desmanteló una red dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos prohibidos por el Ministerio de Sanidad que eran recetados a pacientes con cáncer, sida, hepatitis, o artritis.
La operación culminó con la detención de 23 personas, 13 médicos y 10 empleados de un laboratorio clandestino, como supuestos autores de delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y estafa, riesgo y posesión ilícita de armas.
La operación comenzó hace unos meses cuando la Guardia Civil descubrió la fabricación ilegal de dos medicamentos, llamados Bio-Bac e Inmubobiol, que posteriormente fueron comercializados con la ayuda de médicos y farmacéuticos.
Los facultativos aconsejaban a pacientes con enfermedades graves que se pusieran en contacto con la empresa fabricante para solicitar el producto, enviado por mensajería para eludir posibles controles sanitarios.
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