Indicó que los moradores están siendo desplazados por los escándalos de las discotecas y por ello, la Región de Salud está enviando a sus inspectores para que certifiquen cuál es el nivel de ruido que emiten estos centros.
Detalló que el Ministerio de Salud no se opone al libre comercio, pero deben cumplir con las normas que se exigen para estos negocios.
Precisó que se quieren poner negocios sin cumplir con las mínimas normas, contrario a los países desarrollados donde se establecen discotecas en edificios o áreas urbanizadas y no molestan a nadie.
"Aquí se instalan discotecas en una casa común y corriente y sin poner mecanismos de eliminación de ruido, afectando a los vecinos", acotó.
Puntualizó que serán constantes en la vigilancia en estos centros de diversión, porque hay personas que residen allí desde que se fundó la República y no es justo que ahora sean desplazados.
Denunció que los restaurantes han sido transformados arbitrariamente en discotecas sin contar con permisos sanitarios ni nada.
"Los vecinos reportan los escándalos y a esto se les suman los bien cuida"o, los taxis y vehículos particulares", adelantó.
El Ministerio de Comercio debe vigilar si los establecimientos cuentan con licencia para el expendio de licor y el Ministerio de Vivienda si cumplen con los parámetros arquitectónicos y de zonificación.
El empresario manifestó que en su caso, le dieron un bien y nunca le información de la existencia de esa tubería debido a que los planos para el área de Amador no existen.
Figali señaló que su empresa tomó las tuberías y las sacó del área, pero ahora le corresponde al Gobierno reubicarlas.
El empresario manifestó que para el área de Amador no hay planos debido a que las infraestructuras datan desde hace más de 100 años. En cuanto a la demolición de viviendas, aseguró que el contrato lo autoriza a derrumbar infraestructuras que representen algún peligro para la seguridad de los turistas y de las personas que visitaran los proyectos turísticos.
De acuerdo con Figali, se le entregaron viviendas y estructuras con más de 100 años de existencia, por lo que había que demolerlas por seguridad. Manifestó que la marina no afecta ningún vigaducto de Cables and Wireless por que está a 300 metros de la concesión.
Con respecto a los cables submarinos de algunas empresa indicó que en los planos de la Autoridad Marítima de Panamá no figuran y ahora aparecen después de que le dieron la concesión en ese lugar.
Precisó que se llevará una inspección del sitio dado en concesión para verificar los puntos y determinar si se afecta algún cable submarino o de otra propiedad.
Manifestó que en más de diez ocasiones ha solicitado a los propietarios de las empresas de cables submarinos que se reúnan y " no han dado la cara".
Manifestó que las denuncias sobre que en el lugar dado en concesión pasan algunos cables submarinos tiene como fin trasladarlo del lugar.
Con respecto al estudio de impacto ambiental para la marina aseguró que lo tiene terminado, pero una carta enviada por el Ing. Silviano Vergara, director nacional de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), le advierte que el estudio de impacto ambiental presentado " no responde a las interrogantes presentadas por la Dirección Nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental."
Según la ANAM para subsanar los errores del estudio de impacto ambiental, el concesionario requiere presentar un método de diseño y relleno apropiado, para evitar que el material de la playa se vea arrastrado por la corriente, teniendo que rellenar nuevamente el área. Figali aseguró que no debe ningún centavo a la ARI en concepto de los contratos suscritos con esa institución.
La ARI informó a Figali, el 31 de marzo pasado, que adeuda la suma de B/.544,504.46 en concepto del contrato de desarrollo, inversión y arrendamiento del complejo turístico boulevard de alta moda. La deuda incluye B/.333,176.30 en concepto de aporte de inversión y B/.211,328.16 en intereses. Humberto Urroz, director de Mercadeo de la ARI, descarta cualquiera posibilidad de anular los contratos firmados con Figali.
Según Urroz, lo que más le interesa a la ARI es la inversión, sin embargo reitera de que la institución " es celosa de que el inversionista haga las inversiones de tal manera que se ajuste a lo que dice el contrato."
A su juicio los llamados de atención a Figali sólo buscan demostrar que la ARI ha estado al tanto de que se cumpla con lo establecido en los contratos de concesión.
Urroz expresó que todos están basados jurídicamente para lograr un balance entre lo que el empresario invierte y las reglas que debe de respetar.
Interrogado que si el retraso en la entrega de documentos por parte de Figali ha afectado las inversiones, Urroz contestó. " obviamente que si afecta, el inversionistas puede ir adelanto trabajos, pero el desarrollo final del proyecto dependerá de que el contrato este refrendado."
