El contralor Gabriel Castro reveló ayer que hasta el momento ningún funcionario ha hecho su declaración de bienes y advirtió que presentará ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que obligará a los empleados de jerarquía a cumplir con esta medida.
Sostuvo que la ley obliga a los funcionarios a presentar su declaración de bienes, pero si no lo hacen no existe ninguna sanción ni condena moral. Recordó que faltan dos meses para que estos funcionarios cumplan con este requerimiento.
"Yo pienso presentar ante la Asamblea una ley de responsabilidad patrimonial donde, entre otras cosas, se establecerá la obligación o pena por no hacer declaración de bienes", acotó Castro.
Puntualizó que con esta norma el contralor podría revisar las declaraciones de bienes, con el fin de que en caso de encontrar algo que le parezca sospechoso, iniciar una investigación.
"Cualquier detalle que no se explique dentro de la declaración puede ser objeto de una investigación, cosa que hasta ahora no se puede hacer", anotó.
El jefe de las finanzas públicas no quiso opinar sobre el proyecto de ley que aprobó la Asamblea Legislativa que le permitirá a este Organo del Estado controlar a partir del 1 de septiembre las partidas circuitales y duplicar su presupuesto.
Al mismo tiempo, sentenció que los B/.4.00 por metro cuadrado que quiere pagar la transnacional Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) por los terrenos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, no es el valor real de los terrenos.
Indicó que el avalúo que fue elaborado hace varios años por la Contraloría establece que los terrenos tienen un valor mayor al que quiere pagar la empresa mexicana.
Apuntó que esta dependencia está dispuesta a efectuar el avalúo de las tierras cuando así lo desee la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), y tal como dispone la Constitución Nacional en materia fiscalizadora.
