Sanciones severas pide Comisión Anticorrupción

En su informe final, la Comisión Presidencial Anticorrupción pidió "sanciones severas" para quienes resulten responsables de los supuestos actos corruptos que puso en conocimiento de la mandataria Mireya Moscoso.
En el documento remitido a Moscoso el pasado 2 de mayo, y al cual El Panamá América tuvo acceso, la comisión informó a la Presidenta de "nuevos casos que merecen pronto esclarecimiento y, de ser veraces las denuncias, sanciones severas". Estos nuevos casos de corrupción fueron conocidos por la comisión luego que se difundieran los resultados del primer informe, el pasado 25 de febrero.
Los integrantes de la Comisión Presidencial Anticorrupción se refirieron a las "coimas e irregularidades que se han cometido en la concesión de espacios para la apertura de establecimientos comerciales en el Aeropuerto de Tocumen, al sonado caso del tráfico de armas y a la contratación de comidas para el Servicio de Protección Institucional".
Cabe señalar que componen la Comisión Presidencial Anticorrupción, Carlos Iván Zuñiga, Aura Guerra de Villalaz, Tomás Herrera, Héctor Montemayor y José Javier Herrera.
Sobre las supuestas coimas en las concesiones para el establecimiento de comercios en el Aeropuerto de Tocumen, la Comisión Anticorrupción explicó que "un reputado hombre de negocios" le informó que se le había pedido una altísima suma de dinero para garantizarle un espacio en ese sector de la terminal aérea.
En cuanto al caso de tráfico de armas, la comisión consideró que es "imperiosa" la necesidad que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público determinen responsabilidades correspondientes.
Asimismo, expuso que la denuncia sobre irregularidades en la licitación para el suministro de comidas del SPI radicó en que la misma fue redactada para favorecer solamente a un proponente. Este caso requiere ser "corregido, investigado y sancionado" si se llega a comprobar alguna intención dolosa, se desprende del informe.
Por otro lado, los comisionados insistieron en la necesidad de crear, mediante ley, una oficina oficial dedicada exclusivamente a combatir la corrupción. Explicaron a la Mandataria que dicha oficina no tendría otro propósito que continuar el trabajo iniciado por esta Comisión Presidencial.
Según la propuesta de la comisión, la oficina tendría a su disposición una poderosa capacidad investigativa, equipo humano consagrado a tal finalidad y la colaboración de la Contraloría General de la República. Los comisionados insistieron en sugerir la creación de la oficina anticorrupción, pese a que para su "sorpresa", Moscoso ya la descartó.
Por otro lado, la Comisión Presidencial Anticorrupción mencionó en este documento final otros cuatro casos que -según explicaron- olvidaron incluir en el primer informe.
Dos de estos casos supuestamente se registraron durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares, específicamente a contratos entre la antigua Autoridad Portuaria (AP), actualmente Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y el Estado.
Las empresas favorecidas con estos contratos directos supuestamente son de propiedad o están controladas por quien en ese momento ejercía el cargo de Director de la Autoridad Portuaria. Una de estas empresas, Port Engineering, tiene la concesión exclusiva para el mantenimiento del sistema de boyas y la otra, Ocean Pollution, brinda el servicio para evitar o controlar los derrames de petróleo en los puertos del país.
"Los contratos deben ser revisados sin dilación y, de habérsele causado alguna lesión patrimonial al Estado panameño, proponer las denuncias ante las autoridades competentes", manifiesta el documento. El tercer caso añadido a este informe trata de la donación de fondos al Estado de Panamá que hizo el Gobierno de la República de China. Dichos fondos fueron manejados por una Organización No Gubernamental, o una fundación, de manera que no estaba sujeta al control previo de la Contraloría.
Por último, la comisión incluyó en el informe el caso de las fincas propiedad de la Caja de Ahorro situadas en los alrededores de las áreas revertidas que se decidió en administraciones anteriores, concederlas en fideicomiso a algunas empresas par que éstas desarrollen proyectos habitacionales. La comisión añadió que "se desconocen las bases sobre las cuales fueron escogidas las empresas favorecidas, así como tampoco se ha dado a la luz pública el avance de tales proyectos".