Aunque parezca algo difícil de creer, en pleno siglo XXI, en Panamá aún no existe una legislación que tipifique este tipo de acciones como un delito y por los puestos fronterizos continúa el trasiego de estatuillas de barro y colecciones enteras de cerámica, cuyo valor histórico no es cuantificable.
Aquí ni los museos se han escapado de la actividad depredadora de los criminales e incluso se sospecha que algunos funcionarios encargados de custodiar estos bienes son los responsables de la pérdida de importantes piezas arqueológicas. La Policía Técnica Judicial (PTJ) mantiene una investigación por la pérdida de cuatro figuras antropomórficas de la caja fuerte del Instituto Nacional de Cultura (INAC) con un valor aproximado de B/.200,000.00 en el mercado negro internacional.
El jefe de la División de Delitos Contra la Propiedad de la PTJ, Octavio Nicolau, reveló que existen cuatro personas bajo investigación, entre ellas algunos funcionarios del INAC con acceso a la caja fuerte, en donde se encontraban las piezas arqueológicas.
Un hecho sorprendente revelado durante las investigaciones es que la caja fuerte en donde se encontraban las figuras antropomórficas (una langosta, un escorpión, una cascabel y un hombrecillo) no tenía combinación de seguridad, por lo que cualquier persona con conocimiento de estas circunstancias podía haber tomado las piezas.
En este sentido, el inspector Nicolau sostuvo que quien ejecutó el robo tiene un amplio conocimiento del valor de las figuras y debía tener los contactos con la capacidad de sacarlos fuera del país y poder comercializarlas en el extranjero.
Estas piezas forman parte de un grupo de 12, decomisadas en la provincia de Bocas del Toro a dos campesinos que escenificaron una riña dentro de una cantina y al intervenir la policía, se detectó en poder de uno de ellos 12 piezas arqueológicas.
A raíz de la ubicación de las piezas se alertó al INAC y esta dependencia envió un grupo de peritos a realizar una evaluación de las figuras, que fueron consideradas como un hallazgo. Se transportaron a la bóveda del INAC y luego cuatro se extraviaron.
Nicolau explicó que ante esta situación la PTJ decidió remitir una alerta roja, vía Interpol, con fotos de las piezas robadas a fin de informar a las autoridades extranjeras sobre su posible venta y procurar su recuperación.
A la vez se remitió a los puestos fronterizos, aeropuertos y puertos una alerta con las imágenes de las piezas que podrían ser sacadas fuera del país y por ello se dispuso redoblar la vigilancia en estos sitios.
En este caso se ha tomado declaración a varios funcionarios del INAC con acceso a la caja fuerte y a otras personas que tenían conocimiento sobre la existencia de las nuevas piezas confiscadas en Bocas del Toro.
A raíz de la pérdida de las piezas ubicadas en Bocas del Toro se ordenó la reapertura de una investigación, iniciada en 1999, en donde también se registró la pérdida de varias piezas del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz.
Según el inspector Nicolau, en ambos casos existe cierto paralelismo, y por ello se ha requerido nuevamente el expediente para analizar si las circunstancias corresponden exactamente y si las mismas personas pudiesen estar relacionadas. Las pesquisas de las autoridades en ambos casos apuntan a la existencia de una bien organizada red de traficantes de piezas arqueológicas que opera entre Panamá y los Estados Unidos, manejada por expertos en arqueología precolombina, que logran reconocer aquellas piezas con un gran valor histórico.
Generalmente las piezas son vendidas a coleccionistas privados que pagan fuertes sumas de dinero por ellas y luego las presentan en sus residencias, por lo que se hace muy difícil poder ubicarlas y poder repatriarlas.
Según informes manejados por las autoridades, en Panamá existen varias colecciones privadas en donde existen muestras de cerámica y oro precolombino de gran valor, que no han sido reportadas al INAC por temor a su decomiso.
Trascendió que la provincia de Veraguas es el punto en donde se practica más intensamente la huaquería y que de allí han salido numerosas piezas hacia museos como los de Harvard, Pensilvania, Francia, Holanda y Dinamarca.
Otro éxodo de piezas panameñas se produjo a raíz de la salida de los militares norteamericanos de la Zona del Canal. En esta área existía una gran cantidad de compradores de material arqueológico, que fue sacado del país en aviones militares.
Según Porras, no ha existido un registro exacto de todas las piezas, por lo que es muy difícil establecer con exactitud el número y valor de ellas. También alegó que las auditorías realizadas no son completas y sólo existe un 75% de la totalidad de las piezas contabilizadas.
Alegó que esto permitió la institucionalización de una red de venta y robo de las piezas arqueológicas de las cajas fuertes, las que luego eran subastadas en Estados Unidos.
Explicó que en la auditoría de 1999, durante su administración, se estableció la ausencia de tres piezas de oro y se presentó una denuncia en la PTJ, que fue archivada por falta de pruebas, pero que de manera sorprendente este año se ha suscitado una situación similar.
Sostuvo que en estos casos, generalmente los principales responsables son personas de la administración, quienes usualmente manejan el acceso a las cajas fuertes y mantienen las llaves del sitio en donde se guardan.
De acuerdo con Porras, esta investigación se manejó con criterios políticos que provocaron su cierre y alegó que en los museos que no existen mecanismos de seguridad para preservar esta valiosa riqueza, situación que consideró como crónica.
También detalló que durante su administración se realizó una serie de gestiones diplomáticas para lograr la recuperación de algunas piezas ubicadas en museos en el extranjero. En el 2000 el Ministerio Público especializó la fiscalía primera de circuito en los delitos contra el patrimonio histórico y en septiembre del 2001, presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en donde se tipifican estos delitos, pero éste nunca fue debatido por los legisladores, lo que ha provocado la impunidad en esta materia.
El fiscal primero de circuito, Arquimedes Sáenz, reveló que en el Código Penal no están regulados los delitos contra los bienes culturales y los casos registrados se tipifican bajo la denominación de hurto o fraude.
Sáenz explicó que en el proyecto de ley presentado ante la Asamblea se aplica una sanción de tres a siete años de prisión a los culpables de atentar contra los bienes culturales. También, de cuatro a ocho años de arresto para quienes mantengan redes dedicadas a la huaquería.
El citado proyecto establece que la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del INAC tomará las medidas pertinentes a fin de desarrollar, sin que medie motivo previo debidamente autorizado, un plan nacional de registro de bienes culturales muebles e inmuebles, que tendrá como objeto reconocer, valorar, clasificar, identificar y controlar los bienes culturales y protegerlos.
A la vez establece penas de multa de entre B/.10,000.00 a B/.25,000.00 para quienes destruyan monumentos históricos.
El fiscal Sáenz planteó que otra faceta censurada por el Código Penal es la estafa, mediante la falsificación de piezas arqueológicas que pretenden ser vendidas como auténticas. Dijo que esta actividad sólo es penada con seis meses a dos años de prisión.
También detalló que la huaquería no es considerada un delito y solamente es penada administrativamente con el decomiso de las piezas por parte del INAC y la aplicación de una multa de B/.1,000.00 a B/.10,000.00. Explicó que en estos casos el principal argumento de quienes se dedican a esta actividad, es señalar que encontraron las piezas cuando efectuaban labores agrícolas.
Sostuvo que se hace urgente la creación de un juzgado de ejecución coactiva para hacer efectivo el cobro de las multas aplicadas a quienes se les detecte piezas arqueológicas en su poder o intenten venderlas en el extranjero.
No obstante, indicó que combatir este tipo de delito depende del valor que cada ciudadano le otorgue a su riqueza histórica, debido a que actualmente estas actividades no son consideradas como un delito.
