Carlos De León, representante del corregimiento de Las Cumbres y Alcalde Díaz, acusó ayer al legislador Wigberto Quintero del Partido MOLIRENA, de intentar "chantajear" y "manejar a su antojo" a todos los representantes de corregimiento del circuito 8-10, para mantener el control político en esta jurisdicción electoral.
Indicó que ahora el legislador Quintero ha recurrido a denuncias y otros actos, lo cual es simplemente un "pataleo de ahogado" porque se ha percatado que no ha podido controlar a los representantes de corregimiento.
A la vez mencionó que le envió una carta en la cual le imponía una serie de "pautas" que debía seguir como representante de corregimiento.
De León dijo que Quintero hizo una reunión en un plantel del área, donde señaló de manera pública que en este circuito se han construido y se van a construir calles gracias a su gestión.
Afirmó que eso es totalmente falso, pues los propios funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) informaron que éstas habían sido incorporadas en el Presupuesto General del Estado por gestión de la propia presidenta de la República, Mireya Moscoso, y no tenían que ver con la gestión de algún legislador.
De León manifestó que el asunto está en que Quintero no puede justificar ante la comunidad cómo ha invertido su partida circuital y ahora trata de hacerlo de esta forma.
El representante De León fue electo como suplente de Quintero, quien asumió el cargo de legislador cuando Arturo Vallarino dejó la Asamblea Legislativa para ser posesionado como vicepresidente de la República.
De León aseguró que ellos hicieron una campaña electoral juntos, pero la relación se deterioró cuando Quintero trató de manejar a su antojo todas las juntas comunales de este circuito electoral, lo que provocó las diferencias y el distanciamiento entre ambos.
Por otra parte, De León fue acusado de enriquecimiento ilícito en la Procuraduría General de la Nación por Héctor Antonio Arrocha, ex funcionario de la junta comunal de los corregimientos en mención.
A tempranas horas del día de ayer, Arrocha se apersonó al Ministerio Público para exponer su denuncia, la que sustentó alegando que los emolumentos que recibe el funcionario no se ajustan a la cantidad de bienes y propiedades que posee.
De acuerdo con el denunciante, De León, en calidad de representante de corregimiento, devenga un salario de mil balboas mensuales. Que al multiplicarlo por los tres años que lleva ejerciendo hacen un total de B/. 40 mil.
Expone que "es un hecho público y notorio que el señor Carlos De León, en menos de tres años tiene bienes por un valor superior a los 130 mil balboas". Habla que ese total incluye dos casas, un terreno en la comunidad de San Pablo-Villa Nueva, cuatro vehículos. "Además tiene cuentas bancarias que no podemos precisar, porque los bancos no dan esa información, pero que sí pueden ser requeridos al momento de la investigación", acotó.
Pero la denuncia de Arrocha no pasó desapercibida, pues luego de su comparecencia a la Procuraduría se presentó a esta instancia el propio De León, quien dijo que todas las actuaciones de la Junta Comunal son auditadas por la Contraloría.
Manifestó que quienes hicieron las denuncias tendrán que sustentarlas, porque presentará una demanda de calumnia e injuria en su contra.
Dijo no extrañarse que detrás de las acusaciones esté el legislador Wigberto Quintero.
Indicó que la persona que presentó la denuncia trabajó en la junta comunal de Las Cumbres y renunció al cargo porque requerimientos, que no precisó, no les fueron satisfechos.
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