En medio de una crisis que afecta a los despachos dedicados a la investigación de delitos relacionados con el narcotráfico, el fiscal primero de Drogas, Patricio Candanedo, presentó ayer su renuncia al cargo, tras 27 años de servicios.
Según Candanedo, tras la culminación de la investigación Océanos Gemelos, que permitió la captura del narcotraficante Pablo Rayo Montaño y sus testaferros, se desarrolló un clima de ataques injustificados y reproches por parte de sectores, que posiblemente podrían estar vinculados, directa o indirectamente, a personas afectadas con las investigaciones y medidas legales adoptadas.
Candanedo planteó que tales ataques tenían la clara e innoble intención de presentarlo como arbitrario o negligente en el cumplimiento de sus deberes.
Calificó las quejas, procesos administrativos y sanciones aplicadas a su persona como un inequívoco e inaceptable clima de hostilidad hacia su persona.
La renuncia del principal fiscal Antidrogas del país se da horas después de que las autoridades encontraran un maletín con supuestos explosivos frente al edificio donde funcionan las fiscalías Antidrogas y de que muriera envenenado el jefe de la Unidad Contra el Narcotráfico y el Terrorismo de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Franklin Brewster. A la salida de Candanedo se unen las renuncias del ex fiscal Rosendo Miranda, del ex secretario Arturo González y del ex jefe de la Unidad de Análisis Financiero (UIF), Gustavo Cárdenas.
También existe una investigación contra la fiscal de Drogas de Colón, Aminta Corro, y sumarias en averiguación que incluyen a la Fiscalía Segunda de Drogas a cargo de José Abel Almengor.
Algunos juristas han señalado que esta situación mantiene prácticamente paralizadas las investigaciones en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, la procuradora Ana Matilde Gómez lamentó que Candanedo mantuviera un sentimiento de persecución, pero que éste debe estar consciente de que algunas quejas deben seguir su proceso.
Estimó que estas acciones no obedecen a persecución alguna y sólo eran sanciones administrativas por incumplimiento y vencimiento de términos.
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