Las críticas por la decisión de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, de quitar el control previo a algunas instituciones cada vez cobran más fuerza.
El ex contralor Alvin Weeden volvió a alertar que sin este proceso de fiscalización aumentará la mala práctica del "juegavivo" de algunos funcionarios y citó, por ejemplo, la sobrevaloración de costos en los proyectos y la división de materia en las contrataciones.
En virtud de ello, solicitó a Torres de Bianchini velar por el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas que establece que después de B/ 50 mil el funcionario está obligado a convocar un acto público, pero por la “trampa” lo dividen en cinco contratos de B/ 10 mil cada uno para evitar ese procedimiento.
Astucia.
El ex funcionario recordó que durante su gestión detectó una cuenta millonaria del Ministerio de Trabajo con varias arrendadoras de autos. Cuando indagó sobre el particular, descubrió que los vehículos eran alquilados por un día pero se quedaban en la institución hasta cinco meses porque los contratos eran extendidos.
“Esos contratos no llegaban a la Contraloría porque se tramitaban por caja menuda, pero la anomalía fue detectada cuando enviaban los cheques para el refrendo. Eso demuestra la efectividad del control previo”, agregó.
Weeden también criticó las resoluciones 868-DFG y 869-DFG de la Contraloría en las que se exceptúa de ese proceso de fiscalización previo a los ministerios de Salud y Obras Públicas, toda vez que la Dirección de Asesoría Legal no participó en su elaboración.
La contralora al igual que el presidente Ricardo Martinelli han defendido la medida alegando que supuestamente Panamá es el único país de Latinoamérica que efectúa control previo, y que mantendrán la fiscalización (ver tabla).
Decisión peligrosa.
En tanto, el ex contralor Carlos Vallarino precisó que la medida es “inconveniente, perjudicial, contraproducente, riesgosa y desacertada porque debilita el sistema de control y favorece el despilfarro y la corrupción.
Vallarino sustentó su argumento en que los funcionarios que manejan fondos y bienes públicos pueden hacer pagos, contratar y comprometer presupuestos presentes y futuros de las instituciones sin el refrendo de una entidad independiente de control que les detenga los abusos, malos manejos y peculados.
El ex funcionario advirtió que eliminar el control previo sin haber fortalecido las auditorías internas, haciéndolas independientes y protegiéndolas para que los auditores no puedan ser despedidos cuando objeten o rechacen contratos, pagos o compras directas por irregulares, constituye una debilidad enorme, ya que el funcionario puede incumplir las leyes y no hay quién lo detenga.
