Esto se comprueba pasando revista a los escándalos de la Fundación Mar del Sur, Museo del Tucán, HP-1430, partidas discrecionales, por mencionar solo algunos, que reposan desde hace varios años en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Todos estos procesos tienen dos aspectos en común: Los implicados tienen gran relevancia política en el país y hoy gozan de plena libertad.
De allí, la percepción de organizaciones representativas de la sociedad y de gran parte de la población, de que las acusaciones de corrupción en contra de ex funcionarios son manejadas con criterio político.
El mandatario hacía referencia al probable enriquecimiento ilícito del ex ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado. Ese caso fue archivado porque no se aportó la prueba sumaria para investigar al ex funcionario.
La misma suerte corrieron los implicados en la presunta lesión patrimonial al Estado de B/.18 millones en el manejo de la concesión dada a Ports Engineering and Consultants Port (PECC).
El Segundo Tribunal Superior declaró nulo todo lo actuado en este caso por un error de proceso.
La jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, está a la espera de una autorización de la CSJ para investigar, ya que existe la posibilidad que sobre la disposición de estos fondos se investigue a la ex presidenta Moscoso, quien tiene "inmunidad parlamentaria".
La petición se hizo el 16 de noviembre del año 2004 y a la fecha, el Órgano Judicial no se ha pronunciado.
Sin mencionar sus nombres, Gómez hacía referencia a la ex primera dama, Ruby Moscoso de Young; Katia Pérez de Gracia, esposa del ex ministro de Salud, Fernando Gracia; Gisela de Palermo, prima hermana de la ex presidenta Moscoso, entre otros. La Contraloría pidió procesar patrimonialmente a estas personas, por el desvío de B/.4.4 millones.
