Partes de la estructura externa de la Escuela Pablo Arosemena, en Colón, se desplomaron ayer aproximadamente a las dos de la tarde, sin provocar heridos de gravedad. No obstante, el incidente causó pánico entre los más de mil estudiantes que se encontraban en las aulas.
"Pedazos de concreto empezaron a caerse y todos corrimos", relató una señora que estaba en una caseta de espera de buses, justo al lado donde los escombros quedaron regados.
El comandante Dario Hudson, del Cuerpo de Bomberos de Colón, explicó que el alero del tercer piso de la escuela se desplomó por lo debilitado de la estructura y que para evitar un accidente derribaron el resto que también amenazaba con ceder.
Hudson dijo que los niños de la jornada matutina ya se habían retirado del lugar y los del turno de la tarde estaban en sus salones, lo que evitó que se diera una situación lamentable.
Las clases continuaron normalmente en el edificio que alberga la escuela, una de las más antiguas de la ciudad y que tiene una matrícula de más de 3 mil estudiantes.
Por su parte, Obdulia Esther de Alvarado, subdirectora del plantel, indicó que el ruido fue tan grande que los estudiantes gritaron y los maestros salieron para ver que ocurría en la parte exterior del colegio.
Indicó además que si se está cobrando para ingresar a las playas y asegurar su limpieza, ese dinero debe destinase precisamente a contratar obreros que tengan limpias las playas. "Esa es una exhortación que hemos hecho a los representantes, los alcaldes y a las juntas comunales. Hay que asegurarse principalmente de tener las playas limpias", destacó.
Señaló que los acuerdos municipales que han autorizado los cobros son legales. "Mientras no se les impugne ante la Sala Tercera que lo declare ilegal, jurídicamente es válido", dijo.
Sin embargo, enfatizó que el principio es que se garantice un ambiente de higiene. "A mí no me parece mal que se cobre, siempre y cuando se garantice la limpieza de la playa y que se pudieran ofrecer otras facilidades".
Montenegro de Fletcher recomendó además a los alcaldes y representantes que traten de unificar los montos de los cobros que se hacen a la entrada de las diferentes playas, puesto que en cada un se cobra un monto diferente.
Partiendo desde los propios inspectores en las diversas playas, la fuga de ingresos puede producirse, puesto que este funcionario es el único que se encuentra registrando la llegada de vehículos y es él mismo quien tiene que brindar un informe en Tesorería sobre lo recaudado.
Según el inspector de la playa La Ensenada de San Carlos, Hernán Roberto Muñoz, el sábado 6 de abril, siendo verano y fin de semana, "no cobró ni un dólar", pero los visitantes el domingo 7, superaban las 50 personas, muchas de las cuales habían entrado en vehículos a motor.
De acuerdo con Salazar, el inspector Muñoz fue nombrado por medio de un contrato donde cobra por quincena un 10% de lo que recauda. "El inspector cobra con una libreta numerada los sábados y domingos y el lunes tiene que rendir un informe al tesorero que verifica los recibos con el dinero entregado".
El dinero recaudado dijo, va directo a los fondos del municipio para obras sociales a fin de apoyar a los comedores escolares y el deporte, entre otras actividades, y también para la limpieza de las playas.
Aunque Salazar asegura que se utiliza ese dinero para pagarle a varios funcionarios de limpieza, policía y otros, el inspector de la propia playa Hernán Roberto Muñoz, expresó su molestia porque han pasado tres meses y no se le ha pagado el trabajo que ha hecho durante este verano.
Para la Procuradora de la Administración, el control fiscal de los municipios en la Contraloría tiene que vigilar que los recursos de los municipios se manejen como debe ser y se utilicen para las actividades y los servicios que la comunidad necesita.
De acuerdo con Aquilina Muñoz, corregidora de San José de San Carlos, los dineros son fiscalizados por la tesorera de la Junta Comunal, quien envía el control a Contraloría en Chame. La Tesorería informa de los ingresos y egresos de esos recursos. "Tenemos que hacer un informe de los gastos, por mes, del dinero que se usa para obras sociales, e incluso rendimos un informe a la comunidad de lo que se recauda y lo que se gasta", destacó.
En este sentido, de acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, (UNCUREPA) Pedro Acosta, debe haber un control fiscal más estricto donde se compruebe que los dineros que cobraron sean utilizados para fines específicos. "Porque las quejas de los usuarios son que las playas siguen sucias, los estacionamientos no sirven, les roban en los carros; te cobran un dinero que nadie sabe a dónde va a dar".
Lo cierto es que se está cobrando una tarifa en estas playas, considerada por los bañistas como muy alta y las mejoras brillan por su ausencia. Quienes asisten a los balnearios esperan disfrutar de una playa limpia y con las comodidades básicas que se merecen.
