Si bien la Contraloría tiene la potestad de no refrendar los actos administrativos que considere pueden afectar el patrimonio público, el Tribunal Electoral (TE) puede insistir en la aprobación del contrato directo con la empresa L-1 Identity Solutions para el sistema de identificación ciudadana.
De hecho, los magistrados del TE reafirmaron que pedirán la aprobación del contrato por "insistencia" y que no están dispuestos a realizar un nuevo acto como sugirió en su última misiva el contralor, Carlos Vallarino, porque sería "anarquía".
Aún así, los representantes del organismo electoral informaron que subsanarían las supuestas deficiencias que detectó el jefe de las finanzas públicas en el expediente original, antes de pedir su aprobación por "insistencia", como les permite la ley.
Y es que la Contraloría podría jugar su última carta, antes de aprobar el refrendo por "insistencia", pidiendo a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del cumplimiento del acto.
Este recurso aparece consignado en el Artículo 77 de la Ley 32, del 8 de noviembre de 1984, por el cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría.
Una fuente oficial de la entidad fiscalizadora informó anoche que están a la espera de la decisión de los magistrados del TE para tomar una determinación sobre el particular.
De no recurrir a las instancias judiciales, explicó la fuente, dicha normativa es clara al señalar que la Contraloría refrendará el contrato por "insistencia", pero quedará exenta de cualquier responsabilidad que pudiera derivar del acto.
La Ley de la Contraloría también señala en su Artículo 77 que "en caso de que la instancia que emitió el acto administrativo insista en el refrendo, sus representantes serán responsables de manera conjunta y solidaria de cualquier responsabilidad".
Esta no es la única ocasión que Vallarino hace referencia a las posibles consecuencias legales que pudiera ocasionar la decisión del TE.
El pasado 20 de diciembre, en otra misiva dirigida al magistrado Pinilla, advirtió sobre el proceso legal, que por esta causa, actualmente cursa en la Sala Tercera de la CSJ.
De fallar la corporación de justicia en contra del TE, el Estado tendría que emitir un pago para compensar los gastos incurridos por parte del adjudicatario afectado.
