Un sismo de cinco grados en la escala de Richter se produjo ayer a las 7:05 de la noche en la zona noreste del país, frente a la comarca Kuna Yala, según registro de la Red Sismológica del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
El movimiento telúrico, cuyo epicentro se situó a 215 kilómetros de distancia de la ciudad de Panamá y que es considerado de baja intensidad, no provocó daños, aunque por su intensidad puedo sentirse en áreas elevadas de las provincias de Panamá, Colón y Coclé. Una réplica de 4.4 grados se produjo posteriormente a las 7:15 de la noche.
El Instituto de Geociencias detalló en su informe que la profundidad del epicentro fue de 10 kilómetros y su ubicación, de acuerdo con las coordenadas geográficas se estableció en los 9.3 grados de latitud norte y 77.6 grados de longitud oeste.
El sismo de ayer fue 0.2 grados menor que el ocurrido el pasado 16 de marzo en el área del Canal (5.2 grados) y que tampoco produjo daños. En aquella ocasión, el epicentro del movimiento se ubicó en la desembocadura del río Bayano a 35 kilómetros al este de la Ciudad de Panamá.
Tal es la importancia de la ganancia inmediata que el año pasado más de 3,000 conductores fueros hallados culpables de accidentes de tránsito, según cifras del Departamento de Estadísticas de la ATTT.
Mientras que en los dos últimos años, 129 accidentes ocasionados por conductores del transporte colectivo han dejado víctimas fatales.
Algunos de los conductores manifiestan que al no tener un sueldo fijo, la alta velocidad con la que conducen es la diferencia entre comer y dejar de hacerlo.
Un problema que a menudo afecta a los trabajadores del volante son los problemas de postura, luego de conducir el pesado vehículo por más de 10 horas.
Se enfrentan diariamente a la inhalación del diesel, el que los conductores aseguran les causa problemas de salud y otros manifiestan cambios repentinos de humor que afectan a los que están a su lado.
Otro de los conductores asegura que a ellos no se les permite sindicalizarse y acusa a los dueños de autobuses, porque "son siempre ellos los presidentes de las piqueras" y a los conductores como él, no les está permitido ese privilegio.
A su lado, un "pavo" asegura que "esto es un monopolio y nosotros aquí no valemos nada", para explicar la falta de oportunidades.
(*)Los conductores temían revelar su nombre verdadero, por temor a perder el trabajo.
Garantizó que luego de las conversaciones con el director de Ingresos de la CSS, Pablo Puga, intentarán ampliar las negociaciones con los otros sectores lo más pronto posible.
La queja fue interpuesta por la Fundación Seguridad Ciudadana Pro-Orden y Disciplina, dirigida a incorporar a los conductores de buses al sistema de seguridad social.
La fundación busca, a través de la Defensoría del Pueblo, promover conversaciones entre los tres organismos responsables, para establecer una estrategia conjunta que garantice prestaciones laborales a los conductores, como cualquier empleado.
Gutiérrez afirma que la Defensoría del Pueblo "busca ser el ente catalizador" entre los conductores de buses, la ciudadanía y las autoridades pertinentes, a través de un diálogo en el que participen todos los sectores.
Como primer paso, propone un censo para establecer la cifra exacta de conductores; además insiste en la necesidad de educar a los conductores en los beneficios de estar agremiados. Para el funcionario, parte del problema de los "palancas" es su falta de organización.
Alexis Miranda, Secretario de Organización y Estadística del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (SICOTRAC), afirma que procuran que los conductores tengan alguna forma de estabilidad laboral. No considera necesario el pago de "un salario", pero sí de la cotización a la CSS.
Para el dirigente, las conversaciones pretenden darle a los conductores la posibilidad de jubilarse y hacer uso de los servicios médicos que ofrece la institución de seguridad social.
La ley que regula el transporte en Panamá es No. 14 de mayo de 1993, reformada en 1999, y establece lo concerniente a las rutas y la relación laboral entre los dueños, los conductores de autobuses y sus ayudantes.
El artículo 57 de esta ley establece que los conductores de autobuses tiene subordinación jurídica y dependencia económica con relación a los propietarios.
Para Andrés Moya, de ALAP, estos dos aspectos son los que le permiten a los choferes de autobuses ser considerados empleados, con los mismos derechos que otros trabajadores.
Son pocos los artículos correspondientes al oficio de los operarios de autobuses; sin embargo, el reglamento establece la existencia de una relación de trabajo, aunque los choferes no estén inscritos en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT).
Para Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, esta ley no se está cumpliendo, por lo que han decidido recibir la solicitud de la Fundación Seguridad Ciudadana Pro Orden y Disciplina, para apoyar a los conductores.
