La investigación que realizó la Policía Nacional sobre la golpiza a varios reclusos del centro penitenciario La Joya, en días pasados, determinó que en algunos casos no se siguió el procedimiento adecuado.
El director de la entidad, Rolando Mirones, reveló que los agentes implicados en este hecho fueron sancionados a nivel de la institución.
Este caso fue remitido al Ministerio Público para su respectiva evaluación en materia penal.
Mirones reiteró que el uso de la fuerza está autorizada y "es absolutamente necesaria en los penales", siempre y cuando sea usada de acuerdo con lo establecido en la ley. El Código Penal señala en el artículo 160 que el servidor público que someta a un detenido a severidades será sancionado con seis y hasta 20 meses de prisión.
