El conocido escándalo de los “Wikileaks” ha sido la punta del iceberg del fenómeno que empezó a registrar el incremento de casos de violación a la seguridad de medios de comunicación electrónica.
Y Panamá no escapa a esta realidad, de acuerdo con la fiscal especializada en delitos contra los derechos de propiedad intelectual y seguridad informática, Nayra Fernández, a medida que avanza el uso de la tecnología, también aumenta la incidencia en este tipo de delitos.
“La tecnología ha traído consigo que la ciudadanía sea parte de estos medios de comunicación electrónica, nosotros ya no solo nos comunicamos por el teléfono, ahora lo hacemos por el chat del celular, correos electrónicos y redes sociales; por lo tanto, esta se trata de violentar a toda escala”, detalló.
Se triplican los casos.
De junio de 2010 a junio de 2011 se registraron 39 casos relacionados con delitos contra la seguridad informática, varios de ellos relacionados a la violación de correos electrónicos, redes sociales y bases de datos.
Se pudo conocer que para el año 2009 solo se registraron 12 casos aproximadamente.
Fernández destacó que, a pesar de que su despacho maneja esta cifra, también existe una “cifra negra”, porque no todos los casos que se registran en la ciudadanía son denunciados. “En muchos casos las víctimas no denuncian esta situación”, agregó.
Faltan peritos informáticos.
Sin embargo, el incremento de este delito pone en el tapete la falta de personal especializado para llevar a cabo estas investigaciones. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con cinco peritos informáticos y la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática tiene a su disposición una auditora informática, lo que indica que para perseguir este delito existen seis funcionarios a nivel nacional.
De acuerdo con Fernández, a pesar de que se requiere un mayor esfuerzo para combatir el delito, se ha dado una acción efectiva para combatirlo. “Como esto es un tema tecnológico se requiere de una acción inmediata, por lo que se ha solicitado aumentar presupuesto para tener una mayor capacidad de respuesta”, indicó.
Casos de alto perfil.
En lo que va de este año han salido a la luz tres casos, todos relacionados con altos funcionarios de este Gobierno: el primero se registró a comienzo del mes de junio al director del Registro Público, Luis Barría, quien denunció el plagio de su identidad en una cuenta de Facebook, en donde se hicieron burlas y críticas contra la imagen y gestión del presidente Ricardo Martinelli. Un mes después, el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, resultó ser víctima de un violación a su correo electrónico personal, en el que se encontraba información sensitiva del Estado. El mismo día, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, denuncia que 10 cuentas de su institución también fueron intervenidas.
Negligencia.
Para el exfiscal especializado en delitos contra los derechos de propiedad intelectual y seguridad informática, Ramiro Esquivel, la mayoría de estos casos se registran debido a que los propietarios de las cuentas y correos electrónicos en ocasiones son negligentes y cometen el error de utilizar claves de acceso fáciles de descifrar para personas allegadas a ellos como sus familiares, amigos o compañeros de trabajo.
Las personas en ocasiones tienden a utilizar fechas de cumpleaños, nombres de familiares o mascotas, información que puede encontrarse rápidamente en el perfil del Facebook de la víctima.
“Con el incremento de este delito, el ciudadano debe aprender a tomar medidas para reforzar la seguridad de sus cuentas electrónicas, tal y como toman medidas para evitar que sus casas sean saqueadas, con la única diferencia de que lo que podría ser robado es información personal, empresarial o estatal”, acotó.
