Los peligros a los que se enfrentan las personas cada día son mayores, ya que la criminalidad va en aumento.
Hasta en el transporte público y selectivo no escapan de ser víctimas de los malhechores. Por esto es necesario que cuando aborde un taxi anote el número de placa y el color; además, no permita que suban personas extrañas. Igualmente en los buses se debe estar pendiente de las pertenencias, carteras de bolsillo y celulares.
Entre las empresas mencionadas en los "irregulares" informes de contabilidad del MOLIRENA, hay importantes compañías de la localidad que demostraron al TE que "nunca" prestaron un servicio a este partido y "menos" cobraron un centésimo por ello.
Otras empresas sí certificaron que dieron un servicio, sin embargo, el mismo fue cobrado por particulares que falsificaron las facturas. En las listas de cobradores se repiten en forma reiterada nueve nombres de personas.
El total de investigados llega a 10, entre ellos, una secretaria contable del MOLIRENA. Y si bien la primera denuncia sobre estas irregularidades provino de la propia dirigencia del colectivo, los auditores del TE consideran que la responsabilidad recae sobre la administración del partido, es decir, su presidente, Jesús Rosas, y el tesorero, Waldo Arrocha.
Otra irregularidad descubierta, es que el partido presentó una relación de gastos por una suma superior a la de los cheques pagados por el Banco Continental.
Un simple vistazo a la dirección de los involucrados en estos hechos permite determinar que ocho de ellos son vecinos en La Chorrera.
Le tocará a la Procuraduría de la Nación deslindar responsabilidades en este caso, luego que el Tribunal Electoral interpusiera una denuncia formal.
El MOLIRENA deberá reembolsar al Tesoro Nacional el dinero malversado; mientras que los magistrados del TE insisten en que, pese a este escándalo, el subsidio electoral es bueno y no debe eliminarse.
Una de las voces que se ha levantado a favor de la eliminación del subsidio electoral es la de Ricardo Martinelli, presidente del Partido Cambio Democrático.
El empresario ha dicho que el dinero del Estado no se puede disponer como "cualquier cosa", y al que se toma un "real" se le debe realizar el debido proceso y hacerle responsable por sus actos ilegales.
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