Salvador Rodríguez se convirtió ayer en el segundo ex ministro de Educación en ser arrestado, por su presunta vinculación en la asignación irregular de contratos para la remoción de fibra de vidrio en escuelas del país.
Rodríguez fue detenido la tarde de ayer en su residencia de Villa de las Fuentes, Betania, por un fuerte contingente policial.
La orden contra Rodríguez fue emitida por la fiscal Tercera Anticorrupción, Abril Arosemena, por el delito de peculado por la asignación de contratos para la remoción de fibra de vidrio en planteles de la provincia de Colón.
Rodríguez había logrado eludir su arresto por la presentación de un hábeas corpus preventivo, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia la semana pasada.
La Corte declaró no viable el hábeas corpus, luego de que la Fiscalía respondiera que no había emitido ninguna orden de arresto en su contra.
Sin embargo, pocos días después, la Fiscalía ordena su detención preventiva.
El ex Ministro fue trasladado a la sede de la Dirección de Información Judicial (DIJ), en donde permanecerá hasta que se ordene su traslado a un centro penitenciario.
En tanto, su abogado Víctor Almengor calificó como un “abuso” la acción de la Fiscalía.
Explicó que presentó el hábeas corpus preventivo precisamente para evitar una situación como ésta.
“Advertí a los Magistrados de la Corte sobre el inminente riesgo que corría mi cliente de ser detenido, pero no se actuó”, sostuvo.
Agregó que su cliente está detenido por haber firmado una adenda de contratos que ya estaban en ejecución.
Dijo que el lunes presentará un nuevo hábeas corpus correctivo ante la Corte Suprema de Justicia.
El ex ministro de Educación, Belgis Castro, se convirtió en el primer funcionario de alto rango de la administración del ex presidente Martín Torrijos en ser detenido.
Tanto a Castro como a Rodríguez se les señala por haber asignado contratos para la remoción de fibra de vidrio en centros educativos de las provincias de Colón, Panamá, Panamá Este, Coclé, Veraguas y Chiriquí a empresas que no culminaron los trabajos.
Ambos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión.
