Seguridad y libertad: el debate jurídico detrás del toque de queda
Unas 500 personas han sido detenidas por incumplir la medida. Foto: Archivo
El toque de queda establecido en cuatro corregimientos del distrito de San Miguelito no solo plantea un debate sobre seguridad ciudadana. La medida también abre una discusión jurídica sobre hasta dónde puede llegar una autoridad municipal al restringir la libertad de circulación de los ciudadanos.
Según el balance presentado por las autoridades, la medida ha tenido resultados positivos. Una semana después de su implementación, los hechos delictivos en los corregimientos intervenidos han disminuido y, hasta el momento, no se han registrado homicidios.
Sin embargo, el artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a transitar libremente por el territorio nacional. Por ello, una restricción de la movilidad durante determinadas horas supone una afectación a un derecho fundamental y obliga a examinar si existe una habilitación legal suficiente para establecerla.
Para el abogado Juan Carlos Araúz, la Alcaldía sí tiene atribuciones relacionadas con la preservación del orden público y el ejercicio de la función de policía dentro del distrito. No obstante, señaló que el debate jurídico está en determinar si esas facultades generales son suficientes para restringir de manera amplia la libertad de circulación de los ciudadanos adultos.
El abogado puso como ejemplo una sentencia del 28 de enero de 2021, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia consideró constitucional el Decreto Ejecutivo N.° 490 del 17 de marzo de 2020, que estableció un toque de queda durante la emergencia sanitaria. Posteriormente, mediante sentencia del 13 de mayo de 2021, la Corte declaró inconstitucionales restricciones a la movilidad establecidas mediante una resolución del Ministerio de Salud, al considerar insuficiente la competencia ejercida mediante ese instrumento.
Por ello, el debate sobre el toque de queda en San Miguelito no se limita a determinar si la medida contribuye a reducir la delincuencia. También pasa por establecer quién tiene la facultad para imponerla.