El presidente del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE), Irvin Halman, abogó ayer por la redistribución y no eliminación de los dineros del seguro educativo para mejorar la eficiencia en el sistema, al que se le destinan más de B/. 30 millones, sin los mejores resultados.
De acuerdo con Halman, CoSPAE, luego de analizar los resultados de los egresados del sistema educativo cuando ingresan a las empresas, está convencido de que hay que hacer un cambio porque los resultados no son satisfactorios.
Agregó que hay muchos cambios de raíz que hay que hacer, comenzando por una descentralización efectiva del sistema educativo, para que el Ministerio de Educación pueda servir como un facilitador para las escuelas y los docentes, y que éstos reciban la capacitación e incentivos adecuados como eje central de la educación.
Panamá, dijo, ha tenido un liderazgo como país de servicio, abierto al desarrollo y a las nuevas tendencias, sin embargo, ha ido perdiendo ese liderazgo por los bajos niveles educativos.
Expresó que hay que hacer un análisis y preguntarse para qué estamos educando, porque se puede estar 12 años en la escuela, pero si no se sale con un conocimiento que se pueda aplicar para mejorar la calidad de vida y apoyar el desarrollo del país, no se está logrando un avance.
Para ello, señaló, tenemos que hacer que se inviertan de la mejor manera los recursos que recibe el sistema educativo, y enfatizó que CoSPAE en conjunto con el Ministerio de Educación, está haciendo la retroalimentación necesaria para establecer las áreas efectivas de inversión en materia educativa.
Este seguro educativo, precisó, debe ser redistribuido, pero con lineamientos específicos, para que sean bien invertidos en programas que logren buenos resultados. "Esos dineros son un recurso muy importante que debemos considerar que se mantenga y que se utilice adecuadamente", sostuvo.
Por otro lado, Halman anunció la realización de la cena de gala de CoSPAE, en donde se distinguirá a tres personalidades filantrópicas y académicas, entre ellos, al ya fallecido Gabriel Lewis Galindo, Alberto Motta y a monseñor Carlos María Ariz.
Juana Sánchez, de 52 años, con lágrimas en los ojos, comentó que es triste ver cómo los niños tienen que ir a la escuela sin desayuno y que al regresar sólo se encuentren con bananos sancochados o arroz con frijoles con un poco de té sin leche, lo que se convierte, en la mayoría de los casos, en la única comida que ingieren durante el día.
En su casa vive con el esposo y una hija que tiene tres niños pequeños. Para alimentarlos muchas veces busca ayuda con algunos familiares residentes en el distrito de Barú, quienes le suministran alimento.
Y una cosa lleva a la otra. Explicó que anteriormente había carretas en las que transportaban a los pocos niños que asisten a la escuela, cuyo costo era asumido por el sindicato, mediante la cuota obrera.
Sin embargo, hoy, ante la falta del pago a los transportistas, éstos han suspendido el servicio, lo que ha provocado que los niños y jóvenes tengan que emprender un recorrido de unos 45 minutos a pie para llegar al plantel.
Ante la falta de recursos, las familias han recurrido a métodos como el uso de las hierbas silvestres para curar las enfermedades comunes. Viajan al río para buscar uno que otro pez para poder variar las comidas, pero hasta éste les está dando la espalda y sólo les provee de pequeñas sardinas.
Son 800 trabajadores que han quedado cesantes desde hace más de ocho meses, cuando las fincas fueron paralizadas debido a los problemas financieros que las afectaron y que provocaron su cierre. La situación ha provocado, incluso, que algunos emigren a otro lugar, pues consideran que el área está impregnada de una desidia y pobreza que no se puede soportar más.
Autoridades médicas de la provincia han señalado que los problemas de salud son consecuencia de las condiciones de vida en que se encuentran esas áreas, específicamente las oscuras viviendas que no cuentan con agua potable ni luz.
El director institucional de la Caja de Seguro Social, Enrique Fernández, explicó que análisis clínicos han determinado que existe un alto grado de contaminación del agua que consumen, que es extraída de pozos. Indicó que este líquido dio positivo en las pruebas de bacterias Ecolis, que se presentan en los residuos de las heces fecales.
Los padecimientos más comunes son las diarreas, enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales y algunas otras, sin embargo, se han controlado por el momento, incluyendo el brote de hepatitis que provocó el fallecimiento de una persona y que afectó a otras 18.
De acuerdo con las autoridades médicas, la policlínica de Divalá, que atiende a la mayoría de las personas proveniente de esa población, el mayor problema se presenta por los malos hábitos de alimentación. Manifestaron que diariamente esa entidad de salud atiende alrededor de 100 pacientes de los cuales un 15% presenta grados de desnutrición leve y moderado.
La dieta alimenticia que mantienen está saturada de carbohidratos, tomando en cuenta que se trata de bananos, por lo que carecen de proteínas, que es otro elemento esencial para el organismo. Informaron que a pesar de los problemas de secuestro que mantienen las fincas, la atención se ha garantizado a los afectados.
Paulino Cedeño, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Fincas Independientes, mencionó que las personas que viven en esta situación pertenecen a las cinco fincas con problemas financieros: Santa Ana, Santa Elena, Rosalía, Santa Catalina y Santa Lucía.
Pero al resto de las fincas no se le está brindando ningún mantenimiento para tratar de conservar la producción, por lo que eventualmente podrían confrontar el mismo problema. Dijo que a través del Ministerio de Comercio e Industrias y del Ministerio de Trabajo han mantenido conversaciones para lograr que mediante las Leyes 24 y 25 de reconversión del sector agropecuario se les pueda suministrar a los propietarios alguna ayuda para cancelar los salarios caídos a los obreros, y tratar igualmente de volver a poner en funcionamiento las fincas.
No obstante, señaló que hasta el momento no existe ninguna posibilidad de que los bancos o las entidades crediticias accedan a permitir el financiamiento de unos B/. 70 millones. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en cumplimiento de la Ley 25, sólo ha destinado unos B/.30 millones para todo el sector agropecuario.
Cedeño enfatizó que sólo en el renglón de salarios se les adeuda a los obreros B/. 800 mil, además de las prestaciones y pensiones que les fueron descontadas y no canceladas. Por otra parte, la representante del área, Melva Aguilar, dijo que es muy difícil brindar alguna ayuda a las personas de ese sector, ya que la Junta Comunal depende del Municipio de Alanje que se encuentra subsidiado. Sin embargo, apuntó que los legisladores y los alcaldes de la provincia se han comprometido a realizar aportes económicos.
Hoy, lo único que mueve los corazones afligidos de los bananeros es el resultado de la Radiotón que se realizará el 1 de junio en el Parque de Cervantes, en la ciudad de David, el cual es organizado con la finalidad de que la ciudadanía contribuya con alimentos, ropa, útiles escolares, entre otros aspectos. A pesar de las pocas esperanzas que tienen de que la situación y el problema económico se supere, los rostros sonrientes de los niños de Divalá mantienen viva la llama de la ilusión de mejores días.
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