Un informe sobre la incidencia de las cárceles en la seguridad ciudadana reveló que seis de cada diez reos puestos en libertad vuelven a la cárcel por cometer nuevos delitos.
El documento que la Fundación de Apoyo al Detenido (FAD) puso a disposición de la Defensoría del Pueblo está certificado por 16 organizaciones de Derechos Humanos en América Latina.
El informe fue elaborado durante el año 2008 y presentado luego de la solicitud que hiciera el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, al presidente Martín Torrijos de instalar de manera "urgente" un grupo de trabajo conformado por todos los sectores de la sociedad para buscar soluciones a la ola de criminalidad.
De acuerdo con Javier Justiniani, presidente de la FAD, el informe "Las cárceles y su incidencia en los actuales niveles de violencia y criminalidad" podría ser útil en la iniciativa convocada la semana pasada por la Defensoría del Pueblo.
Serio problema.
En la introducción al informe, la FAD explica que uno de los factores que influyen en la seguridad ciudadana es la falta de planes de reinserción de los reos a la sociedad, motivos por los que vuelven a cometer delitos.
La Fundación propone planes post carcelarios para minimizar la reincidencia que actualmente tiene un alto índice en Panamá.
Post cárcel.
La atención post carcelaria, según el documento, está descrita desde el año 2003 en la Ley 55, en la que se estipula la creación de un Patronato de Ayuda Post Penitenciaria; sin embargo, cinco años después de aprobada la Ley "no ha sido activado", revela el informe.
El Artículo 126 de dicha Ley detalla que el Patronato debe estar conformado por los ministerios de Gobierno y Justicia, de Trabajo y Desarrollo Social.
Además por el Despacho de la Primera Dama, la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Comercio así como representantes de clubes cívicos, iglesias, organismos penitenciarios, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos y organizaciones de Derechos Humanos.
Urgencia.
La propuesta de la FAD explica la necesidad de dotar de recurso humano, infraestructura e implementar un plan operativo para poner en marcha el Patronato Post Penitenciario.
Este daría seguimiento a la conducta de reos vinculados al pandillerismo y al crimen organizado.
