El Senado ha aprobado un presupuesto de 355.400 millones de dólares para la defensa de EU para el año fiscal 2003, con un aumento de 35.000 millones de dólares sobre el presupuesto anterior, que supondrá la mayor expansión militar de este país en dos décadas. La votación fue contundente: 95 senadores a favor y tres en contra.
Sin embargo, pocos esperaban que la Cámara Alta también adoptara una enmienda propuesta por el senador Paul Wellstone, el combativo demócrata de Minnesota, que le negara acceso a "los jugosos contratos que dispensa el Pentágono a cualquier corporación que abra cuentas en los "paraísos fiscales" con el propósito de eludir los impuestos estadounidenses.
"Las corporaciones que no quieren pagar lo que la ley impositiva requiere, no debieran beneficiarse de los lucrativos contratos financiados por los contribuyentes de nuestro país", expuso Wellstone, considerado uno de los legisladores más progresistas del actual Congreso.
El senador, en una declaración para El Panamá América, señaló que "no podemos permitir que las corporaciones que se benefician con contratos financiados por nuestros contribuyentes se refugien en Bermudas, las Bahamas, Panamá u otros paraísos fiscales, con el propósito de evadir los impuestos correspondientes".
Algunos senadores conservadores se opusieron a la enmienda con el argumento de que esas compañías pagaban impuestos por sus operaciones en los Estados Unidos y que lo de las cuentas "offshore" representaba sólo una fracción de sus ingresos.
Sin embargo, Wellstone insistió y fue acompañado por una holgada mayoría de sus colegas.
"Estamos notificando a todos: ustedes no pueden seguir evadiendo los impuestos a una buena parte de vuestras ganancias. Esa es una práctica detestable", indicó.
El senador explicó que actualmente existen "docenas de corporaciones estadounidenses que han instalado sus sedes en Bermuda o otros paraísos fiscales ("offshore tax havens") para evitar que el gobierno obtenga millones de dólares en impuestos.
Según los sondeos de la oficina de Wellstone, en el 2001 unas 26 corporaciones que se beneficiaron de contratos con el departamento de Defensa por un valor que excede los 1,000 millones de dólares habían instalado sedes en Bermuda o en otros paraísos fiscales.
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