Prioridad en las Sesiones extraordinarias
- 3 puntos propuestos por el Ejecutivo: aprobar los proyectos 493 y 542, y ratificar directiva del FAP.
- 7 notables dirigirán el FAP, entre ellos el vicepresidente del panameñismo, Alberto Vallarino.
- 4 de diciembre deberán concluir las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.
Con la aprobación del nombramiento de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro Panamá (FAP) en la Comisión de Credenciales y el inicio del primer debate del proyecto de Ley 542 que modifica la Ley 38 de 5 de junio de 2012, arrancaron las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional.
Fue un día agitado, que se inició en el pleno, donde sorpresivamente el primer tema de la orden del día fue la discusión en segundo debate del proyecto de Ley 493 que modifica el contrato de tierras con Puerto Armuelles Fruit Company.
La discusión de ese proyecto causó rechazo de las bancadas del PRD y Panameñista, por lo que la directiva de la Asamblea decidió decretar un receso una vez llegara al pleno el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, a presentar el proyecto de Ley 542 que modifica la Ley 38 que crea el FAP.
Entre tanto, en la presidencia de la Asamblea se instalaba la Comisión de Credenciales dirigida por el diputado Mario Miller, para aprobar el nombramiento del nuevo gerente del Banco Hipotecario, Luis Francisco Hurtado Zúñiga y de la directiva del FAP, mientras que a eso de la 11:30 a.m. se hizo efectivo el receso en el pleno de la Asamblea.
Contrario a lo esperado, de los siete directivos del FAP solo llegaron dos: José Abood y Fred Kardonski, quienes fueron ratificados unánimemente.
Los restantes, Alberto Alemán Zubieta, Alberto Vallarino, Nicolás Ardito Barletta, Domingo Latorraca y Jorge Vallarino Strunz fueron ratificados en ausencia con los votos en contra de los diputados PRD, Leandro Ávila y José Luis Fábrega.
“No vamos a ratificar a nadie que no venga a darle la cara al país”, criticó Ávila.
El financista José Abood, quien formará parte de la administración del FAP, por siete años, aseguró que su designación fue apolítica y explicó que el fondo acerca más a Panamá a ser un país en desarrollo por su infraestructura económica.
Pasado el mediodía se esperaba que la directiva del FAP fuera ratificada en el pleno, sin embargo, no fue así y toda la atención de los diputados se centró en la Comisión de Economía, donde en una sesión maratónica se inició la discusión en primer debate de las modificaciones a la legislación del FAP.
Unos 18 diputados de oposición se anotaron para participar en el primer debate, donde se había declarado sesión permanente debido a la urgencia notoria del proyecto de ley.
La jornada se extendió por más de 10 horas hasta que se decretó un receso hasta el día de hoy. Allí, el ministro de Economía, Frank De Lima, acompañado del titular de Obras Públicas, Jaime Ford, encararon a los diputados de oposición que criticaban el uso de los fondos.
“Queremos transparencia y responsabilidad y eso es lo que estamos exigiendo”, dijo el panameñista Adolfo Valderrama.
El proyecto de Ley 542 presentado por el ministro De Lima, establece que el Estado podrá retirar los fondos en caso de estado de emergencia, siempre que el costo asociado sea igual o superior al 0.5% del PIB. Preliminarmente el Gobierno espera disponer de unos $170 millones del fondo.
También se decreta que en caso de desaceleración económica se podrá hacer retiro de dinero, pero en este caso la regla entra a regir a partir de 2015.
Los retiros fueron condicionados a que los activos del FAP no podrán ser inferiores al 2.0% del PIB nominal del año anterior. El fondo actualmente cuenta con unos mil 200 millones de dólares producto de la privatización de las empresas públicas.
Igualmente, el Ministerio de Economía propuso la modificación de la Ley 34 de 2008, sobre responsabilidad fiscal, la cual permitirá el incremento del déficit público, es decir, la suspensión temporal de los límites financieros que establece dicha norma. De acuerdo con la Ley 34, podrán suspenderse temporalmente mediante una dispensa aprobada por la Asamblea Nacional cuando ocurra un estado de emergencia declarado por el Consejo de Gabinete. Aún se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas económicas producto del fuerte temporal que azotó al país.
