Hoy se cumplen seis días de paralización laboral en las fincas independientes de Divalá, en la provincia de Chiriquí, y todavía no se ha llegado a ningún acuerdo entre los obreros que esperan recibir su dinero correspondiente a los pasivos laborales. Los patronos que responsabilizan al Gobierno Nacional y éste último dice que solamente es un mediador entre las partes.
Lo cierto es que la situación se torna difícil, ya que Irma de Chang, representante legal de las fincas Tadeo y Margarita, las cuales no estaban en paro, denunció ayer que los miembros del sindicato les negaron el acceso hacia las plantaciones a por lo menos unos 80 trabajadores que se dirigían hacia sus puestos de trabajo.
Además, dijo que sufrió vandalismo en las instalaciones de la finca Tadeo por parte de los trabajadores que están al frente del paro de labores. Nos quitaron siete líneas que nos permiten llevar la fruta a la empacadora, además nos dañaron un tractor con el que sacamos el desperdicio de las empacadoras y les dañaron diez llantas a un contenedor.
Pero según Chang, el daño máximo que le han ocasionado, es la credibilidad que ellos como productores tienen en el mercado, en cuanto a la puntualidad en la entrega de la fruta.
Por su parte, Arcenio Romero, en representación de los trabajadores, negó tales acusaciones e indicó que ellos no tienen conocimiento sobre eso, al tiempo que manifestó que en ningún momento le han negado la entrada a nadie, porque más bien los trabajadores que no asistieron ayer a trabajar, fue porque tomaron la decisión de apoyar el paro. No sabemos nada de que hay algunas cosas dañadas, pero ellos no dicen el daño que le hizo a los trabajadores y a los niños y madres de familia en la finca Los Angeles que sufrieron de vómito y dolores de cabeza a causa de las bombas que tiraron los antimotines, sostuvo. Romero indicó que siguen con la medida de no levantar el paro de labores, hasta tanto no se les entregue el dinero que se les adeuda en concepto de pago de pasivos laborales.
En tanto, Alcibiades Miranda, presidente de la Asociación Bananera de Panamá, responsabilizó al Gobierno Nacional y a la ministra de Desarrollo Agropecuario, Lynette Stanziola, de no respetar acuerdos firmados entre ellos, los trabajadores y una comisión de alto nivel presidida por el viceministro Temístocles Rosas, el 27 de agosto del 2002.
Miranda en representación de los propietarios de las fincas que están en problemas dijo que en estos momentos existe peligro en sus inversiones porque si se deja de embarcar una semana más, se pierde el mercado y no vale la pena continuar en el negocio.
Además, señaló que semanalmente se están dejando de exportar 48,000 cajas de banano que representan aproximadamente un cuarto de millón de dólares.
