Una denuncia penal en contra del alcalde de San Miguelito, Rubén Darío Campos, interpondrá, a través de su representante legal, el Sindicato Unico del Transporte Colectivo (SICOTRAC) por apropiarse supuestamente de manera ilegal de un globo de terreno que pertenece a esta organización transportista.
Juan Carlos Pastor, abogado del SICOTRAC, explicó que el alcalde Campos y el corregidor de Belisario Porras, Alfredo Mosquera, ordenaron el lanzamiento de los transportistas de la piquera de Veranillo, de un globo de terreno que han utilizado por más de 20 años y del que son sus legítimos dueños.
Según el jurista, este globo de terreno ubicado en Veranillo tiene un valor aproximado a los B/. 200 mil y que el alcalde Campos traspasó el globo de terreno a un ciudadano de nombre Guberto Grajales.
El abogado sustentó que el corregidor Alfredo Mosquera utilizó una certificación de otro terreno lejano a la piquera de Veranillo, para traspasarla a nombre del señor Guberto Grajales, con el auspicio del alcalde Campos.
SICOTRAC tiene el título de propiedad que le acredita como dueño del terreno, aseguró Pastor, y advirtió que acudirá a los tribunales para anular la actuación de Campos.
Explicó que ante el lanzamiento que se produjo aproximadamente en el mes de marzo de este año, la Policía procedió a sacar del área a los buses de Veranillo que no tenían dónde hacer piquera, pero algunos propietarios optaron por pagar un alquiler de B/ 85.00 a Grajales, aunque otros prefirieron alquilar en otro sitio.
En conclusión, de acuerdo con Pastor, esta acción significa una lesión patrimonial al sindicato de 200 mil balboas sobre el valor del terreno, más un usufructo anual de 150 mil balboas por el derecho de zarpe y demás servicios y alquileres que se brindan en una terminal de transporte.
Por otro lado, Rómulo De Gracia, uno de los dirigentes del SICOTRAC, denunció que el alcalde designó ilegalmente a un ciudadano de nombre Alexis Miranda, para que administre el usufructo de la piquera de Veranillo, que es un patrimonio que legalmente le pertenece al SICOTRAC.
Afirmó que la actuación de Campos va en contra de las leyes que rigen el servicio público de transporte de pasajeros, viola las disposiciones del Código Civil y el Código Penal.
