Diversos sectores vinculados al sector educativo se oponen a que la mandataria de la República sancione la ley aprobada en la Asamblea Legislativa, que regula el uso de los textos escolares y obras complementarias nacionales y extranjeras, en los centros educativos oficiales y particulares del país.
El artículo 292A de la Ley 47 de 1946, responsabiliza a la Dirección de Currículo del Ministerio de Educación, promover, estimular y orientar la elaboración y edición de los libros de textos nacionales y obras complementarias destinadas a la enseñanza.
La ley que está a la espera de la sanción de la presidenta de la República, Mireya Moscoso, establece que se usarán como libros de textos escolares los que respondan a la filosofía educativa nacional y a los objetivos de los programas; los que cumplan con el desarrollo de los contenidos del programa oficial; que mantengan el alcance y la secuencia lógica que requieren los contenidos programáticos.
El director Nacional de Currículo y Tecnología Educativa del Ministerio de Educación, Oscar Barahona, sostuvo que la entidad educativa no está de acuerdo con la sanción de esta ley, sin que antes no se acojan una serie de recomendaciones hechas al Ejecutivo.
Esta ley es muy limitante, sostuvo Barahona, ya que sólo permite el uso de textos de autores nacionales, sin tomar en cuenta que "vivimos en un mundo, donde el pensamiento y el conocimiento está evolucionando muy rápidamente".
Barahona indicó que mientras se discutía en la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley dirigido a regular el uso de los textos, el Ministerio de Educación hizo algunas recomendaciones.
Entre ellas, que en el acápite quinto del artículo 292B, se agregará la palabra "preferiblemente" para no cerrar el uso de los textos, exclusivamente a los autores nacionales.
El numeral 5 de este artículo dice que para usar los libros en el sistema educativo panameño, deben ser elaborados por autores nacionales debidamente acreditados y con especialidad en la asignatura correspondiente, exceptuando de esa medida los textos escritos en idioma extranjero.
Igualmente, el Ministerio de Educación considera que la evaluación de los textos escolares debe darse cada tres años y no cinco como se establece en el artículo 4 de la ley.
Recordó que muchos países están bajando el tiempo para la evaluación de los libros y textos escolares que se utilizan en las diferentes escuelas. Explicó que los libros que se utilizan en los centros escolares deben ser escogidos dentro de una lista que da a conocer la Dirección Nacional de Currículo y los directores con los profesores son los que finalmente deciden el texto a escoger.
Aclaró que las observaciones hechas por el Ministerio de Educación al proyecto de ley, fueron enviadas por escrito a la presidenta de la República, Mireya Moscoso. Ponderó, sin embargo, que esta ley que está pendiente de la sanción de la Presidenta de la República, obliga a que ninguna escuela o colegio pueda usar textos escolares sin que antes sean sometidos a consideración de la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa.
Barahona señaló que no se puede afirmar categóricamente que la calidad de la educación en Panamá bajará por el uso exclusivo de libros de autores nacionales, pero advirtió que se corre el peligro de que en algunas materias como la Ciencia, la Física, Química y otras, el estudiante no esté al tanto de los avances que se producen a cada momento.
Esto es producto de que los autores nacionales no profundizan mucho en estos aspectos, porque se dedican más a la elaboración de textos de Historia, Geografía, el idioma y la cultura.
La escritora y presidenta de la Fundación Pro Biblioteca Nacional, Rosa María Britton, sostiene que el libro debe ser de libre circulación y que esta norma que establece que los libros que se usan en Panamá deben ser de autores nacionales, no se ve en ninguna otra parte del mundo.
Afirmó que pretender obligar a los estudiantes a formarse sólo con textos elaborados por los autores del patio y previa aprobación por un Ministerio "que ni siquiera puede pagarle a tiempo a los maestros", es volver al siglo XII, dijo Britton, y agregó que en Panamá hay autores capaces de producir buenos libros, "pero son muy pocos".
Como escritora señaló que no está de acuerdo con que los estudiantes sólo lean a autores nacionales, sino a otros como "Carlos Fuentes, Jorge Amado, o autores argentinos o rusos", como ella tuvo esa oportunidad, pero lamentó que la educación haya ido decayendo año tras año.
Hay que incentivar al estudiante permitiendo que tenga acceso a los autores más importantes sin que importe su nacionalidad, porque no es posible que se condene al estudiante a leer la producción, bastante mediocre, de autores locales. Afirmó que la intención de prohibir el uso de textos de autores extranjeros, tiene ribetes de "egoísmo y oscurantismo" porque a lo mejor un gran porcentaje de los profesores que apoyan esta ley, ni siquiera saben manejar una computadora.
Britton informó que además de la Fundación Pro Biblioteca Nacional, hay otras agrupaciones y organismos como la Cámara Panameña del Libro, la Ciudad del Saber, y el COSPAE, que también se oponen a la sanción de la ley. Afirmó que la producción nacional de libros está a años luz de otros países, que tienen una reputación en esta materia, y cuestionó que muchos autores sólo fotocopian año tras año los textos.
La presidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, Nivia Rossana Castrellón, destacó que formalmente le han solicitado a la Presidenta de la República que vete este proyecto, porque centra el escogimiento de un texto escolar en la nacionalidad del autor y no en la calidad del mismo.
Consideró que lo importante es que los niños y jóvenes tengan acceso a los mejores textos escolares y agregó que esta herramienta es tan importante que debe imperar el concepto de la "libre enseñanza".
El acceso a la cultura y al conocimiento es universal, dijo Castrellón, por ende, la formación y el conocimiento de los estudiantes debe tener un carácter mundial y ese "obstáculo en el aprendizaje" podría limitar la formación de los jóvenes panameños. Afirmó que esta ley, que fue aprobada en tercer debate, contradice la corriente del conocimiento, el que se "dobla cada 14 meses" y se calcula que para el próximo año se doblará cada 8 meses.
Advirtió que se está corriendo el riesgo de quedar atrasados, de allí que haya libros como Geografía, Historia y Cívica, donde los autores nacionales podrían tener cierto grado de preferencia, pero hay otras materias en los que no se pueden limitar los libros porque sean de autores extranjeros. Identificó asignaturas como las Ciencias Exactas y otras herramientas técnicas y científicas, donde no es conveniente limitar el uso de los libros por el solo hecho de ser de un autor extranjero.
Recordó que un principio de la organización de las Naciones Unidas para el Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es "que los libros deben traspasar fronteras, porque es parte del conocimiento universal".
Castrellón advirtió que esta ley inclusive podría encarecer la educación, porque en algunas materias el estudiante debe adquirir el texto de un autor nacional ordenado por la ley y también comprar el texto complementario de un autor extranjero.
De allí que los colegios particulares estimen que lo mejor es usar los textos que tengan las características necesarias para ser el mejor insumo educativo, independientemente de la nacionalidad del autor. Por su parte la responsable de este documento, la profesora, legisladora y exministra de Educación, Susana Richa de Torrijos, rechazó totalmente los señalamientos hechos por las personas que se oponen a esta ley y solicitó a la presidenta de la República que la sancione.
Richa de Torrijos indicó que la ley no prohíbe la utilización de libros de autores extranjeros, pero aclaró que quienes rechazan la iniciativa deben conocer que un "libro de texto" es el que desarrolla el programa oficial diseñado por el Ministerio de Educación de "acuerdo a nuestra realidad" y por lógica, debe ser de un autor nacional. Afirmó que la ley permite la utilización de libros extranjeros y hasta apoyarse en el Internet, pero como libro de trabajo debe apoyarse en autores nacionales.
La legisladora señaló que algunos sectores han levantado una campaña de distorsión de la ley "porque hay muchos intereses en esto" y por otro lado, se está subestimando a los autores nacionales.
Denunció que la falta de una regulación produce una anarquía tremenda que provoca que los padres de familia tengan que gastar fuertes sumas de dinero en la compra de libros. Esta ley que ha generado mucha polémica entre quienes la apoyan y quienes la adversan, está a la espera de la sanción o veto por parte de la presidenta Mireya Moscoso.
