Sigue la guerra entre el alcalde y los representantes

Representantes del sector oficialista denunciaron ayer que la Alcaldía de Panamá se está entrometiendo en asuntos que sólo le competen a las juntas comunales, al tiempo que solicitaron al contralor Alvin Weeden que realice auditorías a las 19 juntas comunales del distrito.
Según los concejales, encabezados por el presidente de la Cámara Edilicia, Carlos De León, la administración alcaldicia ha hecho circular informaciones tergiversadas sobre la desaprobación de algunos proyectos que se encontraban en discusión en el Consejo Municipal, referente a los indigentes y orates que deambulan por las calles de la ciudad.
Según los representantes oficialistas, la desaprobación de un proyecto de acuerdo para el beneficio de indigentes y orates se produjo al no poder alcanzar los 13 votos necesarios, debido a la ausencia del resto de la bancada del PRD, que se retiró de la sesión antes de votar.
Señalaron además que las relaciones entre la administración alcaldicia y el Consejo Municipal se han venido deteriorando paulatinamente por la insistencia del alcalde Juan Carlos Navarro de involucrarse en decisiones que le competen únicamente a los miembros de la Cámara Edilicia, como lo es la elección del presidente y los vicepresidentes de esta corporación.
Producto de estas diferencias, manifestaron, se han dado despidos en algunas dependencias municipales y se ha procedido a remover letreros que describen las obras que determinadas juntas comunales realizan para el beneficio de la comunidad.
También denunciaron que el alcalde busca involucrarse ahora en la autorización de puestos de ventas a lo largo de la ruta del carnaval, permisos que tradicionalmente le han correspondido a la Junta del Carnaval.
"Los miembros del Consejo Municipal, no toleraremos la intromisión de otras autoridades en decisiones que recaen únicamente en la esfera de nuestras atribuciones", advirtieron.
Además de la auditoría solicitada a la Contraloría de la República, pidieron a las autoridades del Ministerio Público y al Organo Judicial, que imponga las sanciones ejemplares para quienes utilizan los recursos legales, con el único fin de ocasionar daños a la imagen política de sus opositores.