Continúan los preparativos para la ejecución de la primera fase del estudio sobre el plan maestro de manejo adecuado de desechos sólidos, el cual realizan la Alcaldía de Panamá en conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El objetivo de este plan maestro es el mejoramiento y mantenimiento del ambiente sanitario, destaca una nota de prensa de la Alcaldía.
Con 14 votos a favor y cero en contra, el Consejo Municipal de Panamá aprobó autorizar al alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro, la contratación directa de la empresa Plaza Vandoom Inc.
El movimiento migratorio se aplica por razones familiares o de trabajo. La visa de trabajo es de carácter temporal, la visa de inversionista se otorga en carácter de inmigrante a efecto de que pueda optar por la residencia. Los trámites se realizan mediante abogado, en caso de la vida familiar se debe presentar el certificado de matrimonio y se paga B/. 100.00 y/o B/. 500.00 que van al Tesoro Nacional y un pago al Fondo de Repatriación. La ley exige certificados de salud y su historial policivo.
Tapia destacó que se llevan a cabo frecuentemente acciones para descubrir indocumentados. Las necesidades de este recurso humano son evidentes: un total de 100 inspectores trabajan a nivel nacional. Reconoció que el salario de B/. 250.00 por la casi totalidad de estos funcionarios es muy bajo. Tienen mucha experiencia, pero se requiere, además de la capacitación, la respectiva mejora salarial. La tentación es permanente, indicó Tapia.
Con relación a los deportados, indicó que más de 700 personas han sido deportadas y los costos superan los B/. 130,000. Cada deportado significa para el Estado atender su alimentación, salud, alojamiento y garantizarle su pasaje de regreso a su país.
La ley establece que un turista puede tener hasta 90 días para permanecer en el país y 90 días más prorrogable. En la realidad no es turismo porque nadie hace turismo por 90 días, están trabajando y no cumplen requisitos exigidos por la ley. Subrayó que muchas personas se involucran en actividades informales o delictivas. Debe definirse la política migratoria con los respectivos controles y seguridad.
Carlos Alberto Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, informó que los representantes de la Comisión de Derecho Migratorio del gremio, sometieron a la consideración de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización un Manual de Derecho Migratorio, destinado a uniformar las disposiciones vigentes relativas a la actividad migratoria.
Vásquez sostuvo que la Dirección de Migración está proponiendo la actualización de la Ley de Migración. Se realizan conversaciones con esta dirección para que el Colegio de Abogados sea contratado a través de sus especialistas y se elabore un proyecto de ley novedoso.
Vásquez destacó que la Dirección de Migración ha sido criticada por la ciudadanía, incluyendo los abogados, porque han sentido que no se atienden, con la celeridad e importancia necesaria, las peticiones que se formulan. Además, ha habido sesgos de interpretación discrecional por las diferentes administraciones de Migración sobre el otorgamiento o no de visas, calificándolas como restringidas o no; igualmente de permisos que en alguna medida no han satisfecho los mejores intereses del país y de la propia institución que regula la materia. Existen posibilidades que luego de las consultas con los sectores involucrados se determine la viabilidad de modernizar las estructuras migratorias. Se firmará así un Convenio de Cooperación Recíproca para la elaborar un anteproyecto.
Respecto a las denuncias sobre prácticas de corrupción por parte de los abogados, Vásquez destacó que la situación es de doble vía porque hay personas que se han hecho pasar por profesionales del Derecho y algunos son "profesionales" en la tramitación: tinterillos o pasantes de supuestos abogados que se dedican a la tarea de solicitar el pago de una remuneración para efectuar trámites ante la Dirección de Migración.
Destacó Vásquez que el Colegio ha actuado de manera firme frente a quienes se han hecho pasar por abogados indicándole a la Dirección de Migración que debe promover las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, por ejercer la abogacía de forma ilegal. En el caso de abogados en ejercicio, y ante denuncia formal por violación al Código de Etica, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, por solicitud del Organo Judicial y del Ministerio Público o por actuación de los afectados, puede efectuar las investigaciones correspondientes y sancionar.
Al respecto, han existido ejemplos claros al haberse suspendido la idoneidad por dos años. Vásquez resaltó que estos son los casos menores. Existen funcionarios que solicitan dinero para acelerar los trámites migratorios que realizan abogados o particulares. Esos casos deben ser examinados por el Ministerio Público y establecer las sanciones, que conforme al ordenamiento expresado, se prevean de una manera ejemplar los actos de corrupción. Toda destitución debe ser aclarada. Esa es la única y mejor forma de controlarla, advirtió el directivo gremial.
