Sigue zozobra tras envenenamiento

EL COMITÉ de Familiares con Derecho a la Salud y a la Vida sigue a la espera de un informe financiero sobre cómo se invirtieron los B/. 90 mil que manejó la oficina de Juan Antonio Tejada, coordinador de la asociación de garantes.
Anabel Herrera, vocera del grupo, dice que desde diciembre pidieron un informe financiero para conocer cómo fue distribuido el dinero que se entregó a los familiares de pacientes fallecidos por el Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA) para los gastos de funeral, pasaje, entre otros aspectos.
Sin embargo, agregó, no han recibido respuesta todavía.
Panamá América intentó conocer la versión de Tejada, pero no respondió a nuestras llamadas, pese a que se le dejó mensaje en su celular dos veces.
En cuanto a las indemnizaciones, todo parece seguir igual.
Herrera dice que no tiene idea de cuánto pudiera ser el monto de la indemnización.
No obstante, sostuvo que la oficina de asistencia habla de indemnización, pero desde el punto de vista de jurisprudencia, ese término "no existe hasta que se de un fallo o se complete una sentencia o condena en estas investigaciones".
La doctora está preocupada porque considera que "el gobierno no puede cerrar este capítulo así", en alusión al monto de B/. 90 mil que se ha repartido hasta ahora.
A pesar de que Herrera asegura que no están detrás de ningún monto, puesto que la vida de los familiares no tiene costo, cuestionó que se entreguen B/.3 millones para los carnavales y luego no se les pida un informe para conocer cómo fue utilizado este dinero.
Por otro lado, dijo que las cifras con las que el gobierno quiere "cerrar con broche de oro" es de 51 muertos y 62 afectados, lo que a todas luces está muy lejos de lo que el Ministerio Público está reconociendo, que son 302 fallecidos, todos relacionados al consumo de dietilenglicol.
Reiteró que esto muestra que gran cantidad de personas no están incluidas en la lista oficial.
Herrera mencionó que uno de los mayores problemas que han tenido los afectados y familiares es el atraso de los expedientes clínicos, que son los documentos más importantes.
Dice no entender cómo la CSS, a través de sus médicos o de las oficinas de enlace con Tejada, no facilitan la entrega de la documentación.
Por su parte, Gabriel Pascual, presidente del mismo comité criticó que las autoridades no hayan llevado el caso como debieran, puesto que los pacientes ambulatorios están retornando a los centros hospitalarios con situaciones más caóticas, producto de cómo son atendidos.
Se trató de conocer la versión del MINSA, pero resultó infructuoso, pues se nos informó que la persona que manejaba la información era el doctor Raúl González y fue imposible contactarlo.
Ivette Landero, vocera del grupo de familiares y sobrevivientes que asisten a la iglesia de Guadalupe, también está en zozobra.
Ella tampoco sabe a cuánto ascenderá la indemnización para los familiares, porque cada caso se está trabajando individualmente.
Landero indicó que Juan Antonio Tejada se reunió con el director de la CSS, René Luciani y un grupo de doctores para ultimar detalles sobre cuánto tiene que invertir el Estado en medicinas, atenciones y tratamientos de los sobrevivientes.
Los miembros han prometido mantenerse pendientes hasta que el Ministerio Público compruebe la cantidad total de muertos, para que todos los afectados sean incluidos en la lista.
El envenenamiento con dietilenglicol ha causado la muerte de 51 personas, según cifras del Ministerio de Salud, las que no coinciden con las del Ministerio Público, que investiga más de 300.