La Corte Suprema de Justicia, empleando el Sistema Penal Acusatorio (SPA), es la instancia que tendría la responsabilidad de investigar al diputado panameñista, Jorge Alberto Rosas, quien fue querellado criminalmente, por un caso de supuesta violencia doméstica.
En el reparto de expedientes en la Corte Suprema, le correspondió al magistrado Abel Zamorano, la responsabilidad de admitir o no, esta denuncia.
La colega de Rosas, Zulay Rodríguez, fue quien interpuso la denuncia, en representación de Diana Carolina Arjona Apáez, por el supuesto delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil.
Panamá América trató de comunicarse con el diputado del oriente chiricano para conocer su versión acerca de este proceso en su contra, pero, primero, no contestó su celular, y luego decidió apagarlo.
La CSJ, en decisiones recientes, declinó al Tribunal Electoral (TE) dos procesos de investigación seguidos contra el diputado Rosas, acusado del presunto delito contra honradez y pureza del sufragio, sin embargo, ahora se trata de otro caso por violencia intrafamiliar.
El tiempo de investigación a un diputado de la República es de seis meses más una prórroga.
Este periodo se restableció, luego de que en noviembre del año pasado, la Corte Suprema declarara inconstitucional un artículo de la denominada Ley Blindaje (Ley 55 de 2012), que reducía el plazo a solo dos meses y un mes de prórroga.
Mientras la Corte tiene la responsabilidad de investigar a los diputados, los miembros del palacio Justo Arosemena son los facultados para procesar a los magistrados, como ocurrió con Alejandro Moncada.
