El Decreto Ejecutivo 302 del 31 agosto 2016, que establece jubilaciones especiales a miembros de la fuerza pública que ocupan altos cargos dentro del Gobierno, sigue obteniendo el repudio de la población.
Según datos de la encuesta del mes de septiembre de Dichter & Neira, el 67% de los panameños rechaza las jubilaciones especiales a comisionados de la fuerza pública que pasen a trabajar al Ejecutivo.
Solo el 27% de la población consultada en este estudio señaló que está de acuerdo con la medida del Gobierno.
Al parecer, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están interesados en que este decreto siga su curso, esto, a pesar de la demanda de nulidad que interpuso el abogado Ernesto Cedeño, la cual aún no ha sido admitida.
Una de las voces que rechaza dicho decreto y la lentitud de la CSJ es la del abogado Miguel Antonio Bernal, quien aseguró que para nadie es un secreto la vergonzosa morosidad que se practica con casos de toda naturaleza, salvo aquellos en que el Ejecutivo tiene intereses especiales para que se resuelvan favorablemente.
"En este caso concreto, es muy probable que los señores de la Corte hagan que este atinado recurso interpuesto duerma el sueño eterno antes de que procedan a reconocer que hay una flagrantísima violación a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Policía", sostuvo.
Sin pesimismo y con realismo, Bernal está claro en que no hay que esperar por que esta demanda de nulidad sea agilizada.
En tanto, recomendó que los ciudadanos deben ir tomando conciencia de que aquellos actos del Gobierno que son fuera de la Constitución tienen que ser denunciados por todos los medios, incluyendo la CSJ, sin cifrar las esperanzas en que se resuelvan las cosas en derecho.
El actuar de la Contraloría General de República también es cuestionado, esto por el poco interés en evaluar si el decreto 302 se ajusta a la ley.
En su momento, el contralor, Federico Humbert, manifestó que si se concluye que estas jubilaciones no se apegan a la ley, se actuará igual como se procedió con el caso de la bonificación a docentes de la Universidad de Panamá.
Ante estas declaraciones, el catedrático Bernal indicó que el contralor Humbert ha hecho algunas actuaciones contrarias a los intereses de la población.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está a la espera del decreto autenticado que debía adjuntar el ministro de Seguridad Pública (Minseg), Alexis Bethancourt, según lo solicitado por el abogado Ernesto Cedeño.
Una vez que se entregue esto, procede que la Corte admita o rechace la demanda de nulidad contra el Decreto Ejecutivo 302.
Datos
Transparencia: Para la actual administración, esta medida fortalece la transparencia del país, al permitir que un oficial de carrera ocupe altos cargos en el Gobierno sin perder el derecho a sus beneficios.
No será derogado: El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán reiteró que el Decreto Ejecutivo 302 del 31 agosto 2016 no será derogado.
Varela defiende decreto: El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo que sería injusto quitarles los beneficios a aquellos funcionarios que cumpliendo con sus años de servicio, pasan a ocupar otras posiciones en el engranaje gubernamental.
